Luis María ANSON | Miércoles 28 de enero de 2009
Todo este jarrapellejos del espionaje en la Comunidad y en el Ayuntamiento madrileños ha dejado al descubierto el fondo albañal de la política en la capital de España: las contratas públicas. Primero se exprime a los madrileños con unos impuestos casi confiscatorios. Después unos listos organizan empresas recentales y, a través de sus influencias con los altos cargos, consiguen suculentas contratas y beneficios galopantes. Los madrileños, en fin, esquilmados y los listos, forrados. A veces esos listos tienen, incluso, relaciones societarias o familiares con los altos cargos y entonces la corrupción se hace evidente. Parece claro, en todo caso, por ejemplo, que a Ignacio González se le espió no por razones políticas, sino porque no beneficiaba con las contratas a quienes le espiaban.
Todo muy sucio. Todo muy asqueroso. Todo muy impropio de una mujer tan escrupulosa como siempre ha sido Esperanza Aguirre. Si sale con bien, como es de esperar, del acoso político del espionaje y de las tarascadas de Rajoy y Gallardón, lo primero que tiene que hacer la presidenta es llamar a capítulo a sus altos cargos e impedir que se continúe con el juego de las contratas públicas. La higiene de la Comunidad así lo exige. No se puede predicar y luego lavarse las manos de lo que está ocurriendo con el dinero de todos, de la misma manera que no se puede cantar la sociedad de libre mercado y luego despilfarrar, entre pitos y flautas, 50.000 millones de pesetas, terreno incluido, en el Teatro del Canal, con un gasto futuro de explotación diez veces superior a lo que costaría en manos de la iniciativa privada.
Hay que averiguar, en fin, si el espionaje ha sido una reprobable práctica con fines políticos o, sencillamente, una fórmula de coacción para conseguir contratas públicas. En cualquiera de los dos casos, Rajoy no puede esconder la cabeza como el avestruz sino que deberá depurar responsabilidades.
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