El Defensor del Pueblo denuncia maltrato en centros de menores

El Defensor del Pueblo ha destapado en un informe monográfico sobre los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social que "muchos" de ellos vulneran sus derechos, maniatándoles, prohibiéndoles la asistencia al centro escolar o la salida al patio durante una semana, bajo la denominación de "medidas educativas creativas" o "medidas correctoras".

Muchos centros de menores están llevando a cabo "prácticas contrarias" a sus derechos y la mayoría realizan contenciones físicas y mecánicas en situaciones de alteración del menor, en ocasiones con una agresividad "desproporcionada" y varias veces al día, según un informe del Defensor del Pueblo conocido hoy.

El origen del informe "Centros de Protección de Menores con Trastornos de Conducta y en situación de Dificultad Social" han sido las quejas de padres y denuncias de los educadores recibidas por el Defensor, Enrique Múgica. Inicialmente, la investigación se centró en Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia, pero a medida que se descubrió "una realidad extremadamente dura, dolorosa y compleja, cuyos graves problemas alcanzaban límites inesperados", se amplió a todo el país.

Según el Defensor, bajo la denominación de "medidas educativas creativas", "medidas correctoras" u otras expresiones de cariz pedagógico, se están realizando prácticas contrarias a los derechos de los menores en muchos centros, como atar a dos menores uniéndolos por las muñecas, prohibirles la asistencia al centro escolar o la salida al patio durante una semana. La mayoría de los centros hacen registros personales y de las habitaciones de los menores, pese a ser escasos los reglamentos de régimen interno que recojan dicha posibilidad. En algunos supuestos, incluso, se realizan registros con desnudos integrales sin justificación bastante, ni comunicación al juez.

Vigilancia
En las intervenciones en casos de crisis de los menores, la mayoría llevan a cabo contenciones físicas, contenciones mecánicas y medidas de aislamiento. Además, en el 75 por ciento de los centros se suministra tratamiento farmacológico a los menores en casos de grave alteración y, aunque su administración debe ajustarse a un protocolo clínico previamente establecido, "no siempre se cumple este procedimiento".

En más de la mitad de los centros se usan medidas de aislamiento y, aunque éstas sólo deben aplicarse por razones terapéuticas y de seguridad para proteger al menor y al resto de personas, "en ocasiones se llevan a cabo como medida de sanción o intimidación del menor, más allá del tiempo estrictamente necesario". Se emplean diferentes denominaciones para designar a las salas de aislamiento, como "sala de agitación", "sala de reflexión", "sala de tiempo fuera", "salas de baja estimulación"...

En cuanto al régimen de ingreso, la mayor parte de las entidades públicas consideran que no es necesaria la autorización judicial para los ingresos de menores tutelados en los centros que desarrollan programas específicos para el tratamiento de trastornos de conducta, al entender que esos centros son de protección y no de internamiento.

En cuanto a las relaciones familiares, el Defensor señala que en algunos centros no hay restricciones para recibir llamadas de familiares, en otros se establece un número fijo de llamadas semanales, y no siempre se respeta la privacidad de esas llamadas.