El Gobierno de Zapatero da marcha atrás en su apuesta por las desaladoras

Medio Ambiente destituye al encargado del plan de desalinización. Por Miriam Carmona

El ambicioso plan de desalinización dentro del Programa AGUA, que tenía que reemplazar al derogado Plan Hidrológico Nacional, se ha quedado huérfano. El primer cambio en política hídrica del Gobierno fue la sustitución de Cristina Narbona por Elena Espinosa al frente del Ministerio de Medio Ambiente al comienzo de la legislatura. Después, el pasado 30 de enero, fue el turno del encargado de ejecutar las obras de las plantas desalinizadoras, Adrián Baltanás, mano derecha de la anterior titular de Medio Ambiente.

Un ingeniero, el sustituto de Baltanás
El sustituto de Baltanás en la dirección de la sociedad estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) es Carlos Massa, según acordó el consejo de administración de la sociedad.

Massa es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ocupaba el puesto de director del Área de Inversiones en el grupo valenciano Ros Casares. El cambio es significativo porque el Ejecutivo pasa del perfil claramente político del hasta ahora director de Acuamed a un técnico como es Carlos Massa. Así, la Acuamed se deshace de su contenido político y se convierte en un centro exclusivamente de obras.

“Las desaladoras no son la solución”
El portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario del PP, Carlos Floriano, ha asegurado a EL IMPARCIAL que la destitución de Baltanás tiene que ver con que “el Gobierno ya se haya dado cuenta de que las desaladoras no son la solución”. Para Floriano esto no es más que “otra nueva derrota de la política del Gobierno en materia de agua”.

Al parecer la salida de Baltanás se ha precipitado por el retraso de las obras. De las veinte desaladoras proyectadas en 2004, sólo se han terminado siete, y tres de ellas las dejó en obras el Gobierno de José María Aznar. Asimismo, el Gobierno admite ya que el agua desalada “no es solución para los agricultores de Almería y Murcia, puesto que es muy cara y a veces no apta”, según ha confirmado Floriano. “Yo creo que hay que asumir las responsabilidades políticas de haber mentido. El Gobierno no tiene política del Agua. Iban a poner el agua más barata y cinco años después seguimos sin plan”, ha sentenciado el responsable popular.

“El colofón del fracaso de la política del agua de Zapatero”
En la misma línea, el consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá, afirmó el pasado viernes que las últimas crecidas del río Ebro y el cese del responsable de construir desaladoras del Ejecutivo socialista suponen “el colofón del fracaso de la política del agua de Zapatero”. Según el responsable de Agricultura la crecida que sufre el río Ebro, en la que se han alcanzado cerca de 1.500 metros cúbicos por segundo a su paso por la ciudad de Zaragoza, “demuestra el desacierto y el gran equívoco que tuvo el Gobierno al derogar este trasvase”, ya que se trata de crecidas “que se repiten periódicamente varias veces al año y es agua que se vierte al mar sin que pueda ser aprovechada”.

Mientras se siguen desperdiciando estos recursos hídricos, el Ejecutivo insiste en las plantas desalinizadoras. Aunque es complicado hablar del coste de construcción porque depende de la capacidad de hectómetros cúbicos al año, el plazo de ejecución de obras y el mantenimiento de las mismas, el número de personas o comunidad de regantes a las que abastecerá, etc, dos ejemplos de plantas desalinizadoras adjudicadas en 2006 pueden ilustrar el coste de estas obras. La planta de las regiones murcianas de Aguilas se adjudicó por un importe de 238,7 millones de euros, mientras que otra del Canal de Alicante (Alicante II) supuso una inversión de 68,5 millones de euros.

“No se debe subvencionar con agua sino con dinero”
El responsable de aguas en la ONG WWF/ADENA, Alberto Fernández, se ha pronunciado sobre la destitución de Baltanás. A su juicio se debe a dos posibles opciones “o bien que el ex director de Acuamed haya ido muy despacio o que se trate de un boicoteo en contra de las desaladoras”.

Según ha explicado Fernández a EL IMPARCIAL, la destitución puede deberse a un “asunto corporativo”. La patronal de las grandes constructoras, Seopam, ya se mostró en contra de la derogación del trasvase del Ebro porque es un tipo de obra que implica a varios sectores dentro del negocio. Sin embargo, en las desaladoras, el proyecto y la construcción van juntos y lo llevan los ingenieros industriales. Así, el cambio en Acuamed “puede significar una vuelta hacia atrás para reincorporar otros sectores”. “El trasvase supone más negocio y el agua sale más barata a los agricultores. Con las desalaroras, los costes industriales son muy elevados. El precio del metro cúbico desalado es de 0,50 euros, que con subvención se quedaría en 0,36 euros, pero los agricultores lo exigen a 0,08 euros”, ha confirmado Fernández.

En la misma línea habla el responsable de la campaña de aguas de Greenpeace, Julio Barea, quien ha asegurado a EL IMPARCIAL que el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puncheu, “no sólo no se cierra, sino que plantea abiertamente el tema de los trasvases”. A juicio de Barea, “la línea dura de la política del agua retorna y con tintes dramáticos de trasvases y más embalses. La política del agua está obsoleta y no se hace nada para cambiarla porque no interesa”.

Para WWF/ADENA las desaladoras son “una buena alternativa de urgencia, es decir, para paliar déficits como el del área del Levante, pero no queremos que sea una nueva forma de ofrecer agua hasta el infinito”. “No se debe subvencionar con agua sino con dinero. Si no, el regante se acostumbra a que el agua es fácil de conseguir y se hace un uso indiscriminado”, ha asegurado Fernández.