La rebelión judicial que desencadenó el "caso Tirado"

Aunque niegan carácter corporativista a la protesta, los jueces admiten que el caso del juez de Sevilla Rafael Tirado, multado con 1.500 euros por no ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, es el detonante del paro del próximo día 18.

La cronología de los hechos más relevantes desde entonces es la siguiente:

2008
7 de abril: El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abre un expediente a Tirado por desatención.

26 de junio: Algunas informaciones periodísticas apuntan que Tirado sólo va a ser multado económicamente. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega considera "intolerable" una sanción "tan leve" y anuncia un recurso del fiscal.

10 de septiembre: El CGPJ multa a Tirado con 1.500 euros. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, confirma que el fiscal recurrirá y dice: "Es muy difícil estar de acuerdo con tan poca cosa".

3 de octubre: Justicia suspende de empleo y sueldo por dos años a Juana Gálvez, secretaria judicial del Juzgado de Tirado.

6 de octubre: Bermejo expresa su confianza en que el nuevo CGPJ, constituido dos semanas antes, examine "con altura de miras" el caso y corrija la decisión "no precisamente loable" del anterior Consejo.

7 de octubre: Las asociaciones judiciales denuncian la "inaceptable intromisión" del Ejecutivo. En la intranet del Poder Judicial empiezan a circular correos electrónicos en los que los jueces manifiestan su "malestar".

8 de octubre: Los jueces decanos de España firman en Cádiz un documento en el que rechazan las "constantes injerencias" políticas en las facultades del CGPJ. La fecha da nombre a lo que se conocerá como "Movimiento 8 de octubre".

17 de octubre: 46 magistrados del Tribunal Supremo firman un escrito en el que denuncian las "intolerables" presiones sobre el CGPJ y le piden que no atienda a las demandas de una sanción "ejemplarizante" para Tirado.

21 de octubre: La actividad de los tribunales se paraliza en toda España durante tres horas al coincidir el paro de los secretarios judiciales en protesta por la sanción Juana Gálvez con las juntas de jueces convocadas para denunciar las "presiones políticas".

4 de noviembre: El Ministerio se reúne por primera vez con la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI).

21 de noviembre: En las juntas de jueces celebradas en toda España se plantea abiertamente de la posibilidad de convocar una huelga. Algunas -como las de Murcia, Extremadura y Zamora- aprueban directamente la convocatoria de un paro el 18 de febrero.

21 de diciembre: Vuelven a celebrarse juntas de jueces, que concluyen aparcando la convocatoria de huelga a la espera de la marcha de las negociaciones con el Gobierno.

23 de diciembre: El nuevo CGPJ confirma la multa de 1.500 euros a Tirado. Bermejo anuncia a Efe que el Gobierno reformará el régimen disciplinario de los jueces.

2009
12 de enero: Las cuatro asociaciones judiciales elaboran un "documento reivindicativo" en el que piden mejoras salariales y materiales, acuerdan celebrar protestas simbólicas el 18 de febrero y aplazan al 26 de junio la posible convocatoria de huelga.

14 de enero: Los jueces decanos suscriben un nuevo documento en el que apoyan la tabla de reivindicaciones y las protestas pactadas por las asociaciones.

19 de enero: La comisión mixta del Ministerio de Justicia y el CGPJ considera "asumibles" y "ya en estudio" la mayoría de las reivindicaciones de los jueces.

21 de enero: Juntas y asambleas de jueces celebradas en todo el país revelan la división de la carrera judicial. Las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, secundan la huelga del 18-F, mientras en otros lugares se acepta aplazar la protesta hasta junio.

22 de enero: El CGPJ lamenta la decisión de una "minoría" de los jueces -que cifra en un 20 por ciento- de ir a la huelga. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vincula las protestas al "caso Tirado".

26 de enero: Tras una nueva reunión con el ministro de Justicia, que compromete 20 millones de euros para la modernización tecnológica de los tribunales, las asociaciones judiciales mantienen las protestas del 18 de febrero y la huelga para el 26 de junio.

29 de enero: Varias asambleas de jueces más, entre ellas las de Sevilla y Valencia, se suman a la huelga del 18-F.

30 de enero: La AJFV y el FJI se desmarcan de la acción conjunta consensuada con la APM y JpD y convocan una "huelga nacional de 24 horas" el 18 de febrero.

3 febrero: Bermejo asegura que no es el "empresario" de los jueces y que quien tiene que dar respuesta a sus convocatorias de huelga es el CGPJ.

6 de febrero: La AJFV y el FJI entregan en al CGPJ el preaviso de la convocatoria de la huelga.

9 de febrero: El CGPJ resuelve en un pleno extraordinario que el "posible" derecho de huelga de los jueces carece de cobertura legal y que "no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga" ni fijar servicios mínimos.

12 de febrero: La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, se suma a los actos de protesta simbólicos convocados por la APM y JpD para el 18-F para explicar a la opinión pública la "penosa" situación de la Administración de Justicia.

14 de febrero: El Comité Nacional de huelga de la AJFV y del FJI se reúne en Madrid con los miembros de los Comités de Huelga territoriales de toda España y con jueces decanos para organizar el paro.