La Justicia es la institución del Estado que genera menos confianza

La Administración de Justicia, cuyos titulares están llamados a la primera huelga de su historia, es la institución del Estado que menos confianza genera entre los ciudadanos, a la que acuden cada vez más para resolver litigios, aunque también para quejarse de su lentitud.

Los ciudadanos dan una puntuación de un 3,74 a la justicia, la más baja que recibe una institución del Estado, en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al pasado mes de noviembre, coincidiendo con el XXX aniversario de la Constitución. En esa encuesta, el 40 por ciento considera que la Administración de Justicia funciona mal o muy mal e incluye entre las instituciones más desconocidas al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Esta valoración negativa no va acompañada de desánimo a la hora de confiar en la Justicia para resolver sus casos.

Los ciudadanos acuden más a los tribunales (el número de asuntos aumentaron el 3,7 por ciento en 2007), según datos del Poder Judicial, que también indican que los jueces resolvieron más asuntos (un 5 por ciento más que en 2006), aunque los casos en trámite no se redujeron. Son datos de la memoria judicial, que señala que tanto a finales de 2007 como de 2008 quedaban cerca de dos millones y medio de asuntos sin resolver.

Por comunidades, los madrileños son los que más acudieron a los tribunales, seguidos de los andaluces, valencianos, canarios y baleares, mientras que en el otro extremo se encuentran las personas que viven en el País Vasco y La Rioja. En los últimos años también se aprecia un aumento del 17 por ciento en las quejas presentadas por los ciudadanos ante la Unidad de Atención Ciudadana del órgano de gobierno de los jueces, que recibe el 70 por ciento del total de las reclamaciones.

Los hombres son los que más reclamaciones plantean ante los órganos judiciales (el 58 por ciento), que tratan principalmente del funcionamiento de juzgados y tribunales, a los que exigen más agilidad, pero también para discrepar de resoluciones judiciales y para pedir información sobre asuntos en trámite. Otra vía utilizada por los ciudadanos fue la del Defensor del Pueblo, ante el que denunciaron esencialmente retrasos, muchos de ellos en relación con el trámite en el registro civil de inscripciones de nacimiento tras la adquisición de nacionalidad española por residencia o por adopciones internacionales.

En el último informe, esta institución hizo pública su preocupación por las numerosas quejas recibidas sobre asuntos de Justicia (1.815), entre los que se incluyen "las excesivas demoras" en resolver los procedimientos civiles, mencionando los que se producen en los desahucios que afectan a arrendadores e inquilinos.

Respecto a los temas penales, la mayoría de las quejas se refieren a la "dilatación" en el tiempo de los procedimientos en curso por la complejidad de los mismos o por falta de personal, mientras que en la jurisdicción contencioso-administrativa, se centran en la resolución de los recursos, que se ven, con carácter general, dos años después de la admisión a trámite. Desde dentro de la justicia, siete de cada diez abogados opinan que la situación de esta administración ha empeorado y que funciona mal o muy mal, señala el barómetro del Consejo General de la Abogacía Española realizado el pasado año.

Este estudio también pone de manifiesto que los ciudadanos utilizan más los servicios de los abogados cuando deciden pleitear y que se han democratizado, ya que requieren a estos profesionales por igual en todos los niveles económicos.