La doctrina “Garzón-Bermejo”

Dentro de todo el maremágnum de cacerías inoportunas y filtraciones sumariales, hay un aspecto, el legal, que hasta ahora había pasado de puntillas. Tratándose de quien se trataba, no debía de haber sido así. El asunto mayor, la investigación de una supuesta trama de corrupción, que constituye el tema central -con detalles del sumario filtrados a diario y un claro trasfondo político detrás- y el anecdótico, el ya célebre fin de semana cinegético, tienen a los mismos protagonistas: el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo y el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. El PP, principal perjudicado de toda esta operación de acoso y derribo, ha pedido responsabilidades. Destinatarios diferentes, pero idéntico fondo.

A su vez, hay otro asunto que se ha perdido entre los hilos de la madeja: el escrupuloso cumplimiento de la ley. Que, por otra parte, es de inexcusable y obligado cumplimiento para todos. Sin excepción. Por ello, el hecho que el titular de Justicia cazase sin licencia, y además lo hiciese en un lugar donde no estaba permitido, lejos de ser una mera anécdota, es un hecho grave, sobre todo tratándose de quien se trata. El artículo 6.1 del Código Civil dispone que “la ignorancia de las Leyes no exime de su cumplimiento”. Taxativo. Además, habría que ver qué es peor: que el Notario Mayor del Reino -cargo que lleva aparejado todo ministro de Justicia- desconozca la ley, o que le parezca banal su incumplimiento. Tampoco es admisible dictar una resolución a sabiendas de que es injusta. Tal es el significado de “prevaricación”. Que es de lo que acusará el PP a Garzón si no se inhibe de la causa por él investigada -y filtrada- antes del lunes. En el mismo momento en el que se detecta la existencia de personas aforadas, la competencia ya no es suya; ha de cederla. Y el propio Garzón insinuaba que podía haberlos en un auto redactado por él. Lo cual, por cierto, le valió un tirón de orejas del Consejo General del Poder Judicial. Y es que no hay nada más inseguro jurídicamente hablando que una resolución vaga e imprecisa. Autos y sentencias han de contener juicios, no insinuaciones, como así le han hecho saber al mediático magistrado. Son precisamente las insinuaciones, vagas y genéricas, lo que convierte lo que deben ser casos individuales de corrupción -que el PP debía ser el primer interesado en aclarar y depurar- en una causa general contra un colectivo, el Partido Popular, en este caso. El cumplimiento de la ley sin excepciones es uno de los pilares básicos de todo Estado de Derecho. Nadie ha de estar por encima de ella. Por muy ministro o magistrado que se sea.