Han pasado casi cinco años desde aquel trágico 26 de mayo de 2003, cuando 62 militares españoles fallecieron en Turquía en el avión de regreso a casa después de cumplir su misión en Afganistán. Sus familiares esperan que ahora, con la reapertura de la investigación y las declaraciones de los testigos citados por el juez Marlaska en la Audiencia Nacional, se pueda esclarecer la verdad y depurar las responsabilidades.
A partir de este miércoles, el caso del accidente del Yak-42 vuelve a la Audiencia Nacional después de que el pasado 22 de enero la Sala de lo Penal obligara al juez Fernando Grande-Marlaska a reabrir la investigación sobre la contratación del avión siniestrado. La Sección Cuarta de la Audiencia atendió de esta forma a los recursos presentados por los familiares de las víctimas.
El auto ordena al magistrado citar a nueve testigos -cinco militares y cuatro civiles- solicitados por las familias para que se puedan "depurar las eventuales responsabilidades en que pudieran haber incurrido determinados funcionarios españoles que, como garantes, debieron llevar a cabo labores de inspección y control dentro y fuera de España en las etapas de contratación y desarrollo del vuelo del Yak-42 que resultó accidentado". Los jueces piden que se profundice en el hecho de que estas personas del Ministerio de Defensa tuvieran conocimiento de las circunstancias penosas "y en ocasiones ciertamente peligrosas" en las que viajaban los militares.
Citados por Grande-Marlaska Este 13 de febrero, el juez Grande-Marlaska ha tomado declaración a los testigos militares. El jueves será el turno de los civiles citados.
Entre los militares se encuentran el ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Luis Alejandre; el ex jefe del Estado Mayor Conjunto (Emacon), teniente general Juan Luis Ibarreta; el máximo responsable del mando Aéreo de Levante, general Manuel Estellés; el teniente coronel Javier Marino, oficial del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (Ciset); y el comandante Antonio Bedala, compañero del comandante Repollés, uno de los fallecidos.
A las diez de la mañana llegaba a Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, el general Alejandre, . El ex JEME ha declarado ante el juez que
desconocía que se hubieran producido irregularidades en la contratación del avión Yak-42, que se estrelló en Turquía en 2003, causando la muerte a 62 militares españoles. En su declaración, que ha durado unos 30 minutos, el ex jefe del Ejército
ha rechazado conocer datos sobre el proceso de la contratación del vuelo y se ha mostrado "ignorante" sobre cómo se gestionó, según han explicado fuentes jurídicas.
Además de este general, ha declarado ya ante el juez
el teniente coronel de infantería Javier Marino González, quien se ha ratificado en su informe, realizado para los servicios de Inteligencia del Ejército un mes antes del siniestro, en el que denunciaba irregularidades en la contratación del vuelo. Marino advirtió entonces de que "se están corriendo altos riesgos al transportar a personal en aviones de carga de la antigua URSS".
Dos de los testigos más importantes de este miércoles serán
el teniente general Ibarreta y el general Estellés. El primero estaba al frente del Emacon en el momento del accidente y fue el encargado de firmar el contrato con Chapmamfreeporm, la empresa encargada de solicitar los servicios de estos aviones rusos para transportar a los militares españoles en misión exterior. A él le preguntarán acerca de uno de los asuntos más espinosos del caso: el del dinero.
El auto de la Sala de lo Penal apunta a que el desfase entre lo pagado por España (140.000 euros) y lo percibido por la compañía aérea ucraniana UM Air, que finalmente se hizo cargo del vuelo (39.000 euros) “puede ser objeto de investigación (…) sobre el control de las finanzas destinadas por Defensa al transporte de las tropas españolas destacadas en el exterior”. El auto contradice de esta manera las tesis del equipo del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, que aseguraba que España había quedado al margen de los vuelos tras el acuerdo marco suscrito por el Estado Mayor Conjunto (Emacon) y la OTAN. Según los jueces, a pesar de esta subcontratación de servicios, hay obligaciones "entre el Estado y sus militares".
El general Estellés, por su parte, acude a la Audiencia como ex responsable del Mando Aéreo de Levante, cuya unidad debía coordinar el vuelo una vez que el avión despegó. Estellés también había recibido quejas y redactó un informe que, posteriormente remitió al Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Será
el comandante Antonio Bedala quien certifique el testimonio enviado a su correo electrónico por uno de los militares fallecidos, el comandante Repollés, en el que le exponía sus temores acerca del tipo de aviones que los transportaría de vuelta a casa desde Afganistán.
Ya el jueves, corresponderá el turno de los civiles citados por Marlaska, entre los que se encuentra
Alfonso Aguyó, el hermano del cabo Vicente Aguyó que murió en el siniestro tras haberle transmitido su temor por el estado de la aeronave en la que viajarían.