Derecho Penal o sondeos y fotografías

La entrevista que mantenía ayer el jefe del gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, con Antonio del Castillo, padre de la joven sevillana asesinada hace bien poco, ha tenido dos consecuencias. Para los familiares de Marta del Castillo, saber de primera mano que sus pretensiones de solicitar la cadena perpetua para determinados delitos son inviables jurídicamente. Y para el jefe del Ejecutivo, la obtención de una foto con la sola intención de que su repercusión mediática redunde en el repunte de las encuestas. Zapatero ya tiene su foto con los padres de una víctima. Como la que se hizo con el padre de la pequeña Mari Luz Cortés, asesinada por un pederasta que no tenía que haber estado en libertad.

Por desgracia, a menudo se producen en España otras muertes violentas, aparte de éstas. Ocurre que no todas tienen la misma repercusión mediática. Si Zapatero tuviese que recibir a los familiares de todas y cada una de ellas, se le iría el tiempo en dolorosas recepciones. La solidaridad y el consuelo no requieren de luz y taquígrafos, sino de discreción y sentimiento. Al mismo tiempo, airear el dolor y la desgracia de hechos semejantes alienta un macabro circo morboso de declaraciones e intervenciones televisivas que dicen muy poco de la moral de algunos.

Pero al mismo tiempo, reabren también el viejo debate sobre la conveniencia o no de legislar “en caliente”. Siempre se ha dicho que el Derecho Penal ha de ser preventivo y disuasorio, pero no reactivo. O lo que es lo mismo, no se debe legislar al dictado de determinados sucesos. Y que las penas privativas de libertad deben estar orientadas a la reinserción y reeducación del reo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución. Pero no es menos cierto que hay una cierta sensación compartida por gran parte de la opinión pública española -juristas incluidos- sobre la lenidad del vigente Código Penal. Una ley penal más severa tendría un efecto disuasorio cuestionable por cierto sector de la doctrina penal, aunque admitido por la mayoría. Pero en lo que casi todos coinciden es que las reducciones de condena por buen comportamiento, concesión de permisos de fin de semana y demás beneficios penitenciarios deberían hacerse con un criterio mucho más selectivo. Por el bien de todos.