consejo de ministros
Viernes 27 de febrero de 2009
El Gobierno aprobó la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2009 con la convocatoria de 20.613 plazas de empleo público, casi la mitad de las que se ofertaron en 2008 (38.000) y repondrá así el 30 por ciento de los puestos vacantes por bajas, jubilaciones o excedencias, el mínimo que marca la ley.
La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aseguró que se trata de una oferta de empleo, la de este año, "austera" que incide en la contención del gasto y que es "adecuada" al actual momento de crisis económica. Explicó que el total de plazas de acceso libre ofertadas en la Administración central se elevará a 17.948, mientras que 2.613 serán de promoción interna.
Aseguró que, a pesar de la reducción del 48 por ciento frente a las 38.000 ofertadas en 2008, hay un número de efectivos suficientes para garantizar la seguridad y el ejercicio de las funciones prioritarias de la Administración y recalcó que la limitación "no afecta a la prestación de servicios públicos esenciales".
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, apuntó que la nueva oferta de empleo público compatibiliza el "rigor y la austeridad presupuestaria" con la mejor calidad al servicio de los ciudadanos y aseguró que su finalidad es reactivar la economía y fomentar el empleo.
De la Vega informó de que la nueva OEP establece medidas para la igualdad de acceso entre hombres y mujeres y facilidades a los candidatos para poder conservar su nota en las oposiciones siempre que no supere el 60 por ciento de la calificación máxima. Asimismo, la oferta de empleo público, aprobada mediante cuatro reales decretos, establece por primera vez que el 7 por ciento del total de las plazas se reserve para discapacitados y de este porcentaje el 2 por ciento para personas con alguna deficiencia intelectual.
Tendrá en cuenta las sugerencias del CGPJ sobre la reforma penal
El Gobierno tendrá en cuenta algunas de las sugerencias formuladas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el informe sobre el anteproyecto de reforma del Código Penal, en el que órgano de gobierno emite una opinión muy critica sobre varios aspectos del proyecto. De la Vega ha señalado que, aunque no ha estudiado el informe en profundidad, las sugerencias del CGPJ se adaptarán al proyecto de ley si sirven para reforzar su último fin, que es "el control de seguimiento de las personas que hayan sido condenadas por terrorismo o delitos sexuales".
El informe del CGPJ critica, entre otras cosas la libertad vigilada de hasta veinte años prevista en esa reforma penal para violadores, pederastas y terroristas reincidentes, que, según el Consejo, tiene "difícil justificación" en nuestro ordenamiento jurídico. Fernández de la Vega ha recordado que el informe del Consejo General del Poder Judicial es preceptivo y que será, por tanto, estudiado en profundidad por el Gobierno. "Creemos que hay sugerencias que se pueden tener en cuenta", ha dicho De la Vega, tras lo que ha añadido que se incorporaran si consiguen que el proyecto vea reforzado sus objetivos.
103 millones a las CCAA para programas sociales
El Consejo de Ministros ha acordado asimismo destinar 102,9 millones de euros a las comunidades autónomas para desarrollar diversos programas de servicios sociales, infancia, familia o personas con discapacidad.Según la referencia del Consejo de Ministros, entre los programas financiados por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte se encuentra el Plan Concertado de Servicios Sociales (96
millones de euros), a través del cual las comunidades mantienen y desarrollan la red municipal de servicios sociales.El Gobierno dedicará además 2,3 millones de euros para financiar el Plan de Acción de Personas con Discapacidad, que sirve a las comunidades para desarrollar algunos servicios de atención de este colectivo.
Además, el Ejecutivo destinará también 3,3 millones de euros a programas de apoyo a la infancia para que las comunidades puedan poner en marcha iniciativas de prevención y atención al maltrato infantil y proyectos sobre menores infractores.También se aportará más de un millón de euros a proyectos en favor del pueblo gitano en el marco del Plan de Desarrollo Gitano.
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