¿Cabe Guantánamo en Europa?

Dos de las promesas electorales que hizo Obama durante la campaña electoral van tomando cuerpo. Una es la de la retirada de las tropas de Irak, cuya salida de aquel país está prevista para agosto de 2010. La otra es el desmantelamiento de la prisión de Guantánamo, con lo que ello implica: esto es, fundamentalmente, determinar qué se hace con los allí retenidos. Y dado que la amenaza del terrorismo es contundente y generalizada, globales han de ser también las soluciones. En base a ello, la administración Obama ha solicitado la ayuda de sus aliados europeos, para que ellos se hagan cargo de un número de presos aún por determinar. Consecuente con su nuevo enfoque multilateralista, Washington estima que la responsabilidad ha de ser compartida.

No le falta cierta parte de razón. En la guerra que se ha librado -y aún se libra- contra el terrorismo durante estos últimos años, han sido los norteamericanos quienes han llevado, con sus errores y aciertos, el mayor peso. Ocurre que el papel de gendarme mundial tiene sus costes, tanto materiales como humanos, y Estados Unidos no está dispuesto a hacerles frente solo. Pero mientras que a sus tropas puede traerlas de vuelta a su país sin problema alguno, no ocurre lo mismo con los presos de Guantánamo. El inconveniente de haberles tenido sometidos a un limbo jurídico durante tanto tiempo puede pasarle ahora factura. Y es que, en los distintos ordenamientos jurídicos europeos, tendría un encaje sumamente complicado la situación personal de estos individuos. Ya han expresado sus reservas Francia y Alemania, entre otros. España también, pero de un modo mucho más discreto. El señor Zapatero y sus asesores –de encuestas e imágenes, se entiende- han causado tal estropicio con una política internacional gobernada a golpe de sondeos, en lugar de intereses de Estado, que ahora que creen necesitar la foto con el Presidente Obama, harán lo que sea con tal de desfacer los entuertos habidos durante estos últimos cinco años: ese es el precio que se termina pagando por alterar arbitrariamente la naturaleza de las cosas –las reglas de una política internacional de Estado, en este caso.

Pero el problema ahora, cuando se acuerdan de Santa Bárbara, es que el Ejecutivo español no puede hacer lo que quiere. El derecho penal europeo es sumamente garantista y, precisamente por eso, las dificultades de acoger a los presos de Guantánamo son máximas. No es cuestión de opinar en uno u otro sentido; es, simple y llanamente, cumplir la ley. Tomando como referencia la legislación penal española, hay una serie de delitos en los que sus tribunales son competentes, con independencia de dónde se haya cometido el delito; por ejemplo, terrorismo. Pero no puede iniciarse un procedimiento si antes ya hay otro abierto por la misma causa en otro país, como es el caso de los presos de Guantánamo. Muchos de los cuales, además, llevan recluidos en la prisión de la base norteamericana más de cuatro años. Y ese es precisamente el plazo máximo de prisión preventiva en espera de juicio. Con lo que, una vez pisaran suelo español, deberían ser inmediatamente puestos en libertad. Y la separación de poderes hace que, por mucho que el poder político quiera hacer las cosas de una determinada manera, deba estar sujeto a los dictados del judicial, que para eso es garante del Estado de Derecho: Dura lex, sed lex.