Opinión

Grandeza de miras

Javier Zamora Bonilla | Miércoles 04 de marzo de 2009
Todos los partidos defienden a priori que gobierne el partido más votado. Incluso en diversas ocasiones se ha discutido la posibilidad de establecer este principio como norma para las elecciones municipales, pero no estamos en un sistema presidencial y bipartidista (ni a nivel municipal, ni autonómico, ni estatal) que permita que tal cosa funcione, pues las decisiones principales de la vida política española se toman en las corporaciones municipales, en las asambleas autonómicas y en el parlamento nacional, y ahí entran en juego las mayorías posibles. Tan democrático es que gobierne el partido más votado como que se alíen los que tienen fuerzas suficientes para sumar una mayoría de escaños. Sobre la legitimidad de esta solución no cabe cuestión, pero los partidos tienen que ser conscientes del coste de estas alianzas en función de una fina intuición de lo expresado por la ciudadanía. Los políticos tienen que tener una especial sensibilidad para captar esto, que no es siempre un mero cálculo estadístico.

En el resultado electoral gallego han influido -con mayor o menor razón- factores como las broncas permanentes entre los socios de gobierno y el dispendio de gastos o las amistades peligrosas de algunos miembros del Ejecutivo, pero también parece que los electores gallegos han dicho que la alianza de socialistas y nacionalistas frente a un partido que casi rozaba la mayoría absoluta no era la correcta interpretación de la voluntad general y han apostado por revalidar y reforzar la mayoría del PP.

Esta enseñanza conviene tenerla en cuenta también para el País Vasco, pues no consiste en conseguir el Gobierno sino en gobernar. La situación es sin duda mucho más compleja. El PNV lleva gobernando treinta años, los últimos gracias a una complicada coalición que necesitó apoyos diversos (aun a veces los del entorno de ETA) para sacar adelante las principales leyes. A pesar de éste difícil equilibrio parlamentario y del desgaste que el fracaso de la propuesta estatutaria soberanista de Ibarretxe supone, el PNV ha conseguido una mayoría amplia, pero con una pérdida de votos importante aunque menos acusada que en las elecciones generales. Sus socios de Gobierno, por el contrario, están en caída libre hacia ninguna parte, y esto impide al PNV formar una mayoría suficiente, ni siquiera con el apoyo de Aralar. En una situación menos anómala, con un PNV que aceptara sin ambages la Constitución y renunciara a la vía soberanista, el panorama sería mucho más claro porque tanto el PSOE como el PP podrían apoyar un gobierno del partido mayoritario, pero todos sabemos que la situación en el País Vasco lamentablemente no es normal, de ahí que se esté planteando como posibilidad un Gobierno en minoría del PSE. El PP ha brindado sus votos y parece que Patxi López los aceptará a pesar de lo que este acuerdo podría complicar las cosas al PSOE en el parlamento español. No se trata de desalojar al PNV del poder por eso que la gente define muy bien como “quítate tú para ponerme yo”, sino de mostrar que es posible un Gobierno no nacionalista en el País Vasco sin que las señas de identidad vascas peligren y con medidas activas contra el terrorismo y políticas efectivas que mejoren la vida diaria de los vascos, pero para esto no se trata de dar los votos en la investidura sino de comprometerse a apoyar un programa estable de gobierno. Si el nacionalismo vasco estuviera alejado del pesebre presupuestario durante una década, habría que ver en qué quedan sus apoyos electorales. Ojalá surgiera un nacionalismo constitucionalista y autonomista tanto en el País Vasco como en Cataluña y en Galicia, que defendiendo la identidad de sus culturas y sus intereses no pusiese en cuestión los principios esenciales de la convivencia política española. Pero para eso se necesita grandeza de miras y otear un horizonte más amplio que el de las próximas elecciones. Es el momento de ver la talla política de cada cual.

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