El Gobierno pierde el control del Consejo General del Poder Judicial

El Gobierno ha perdido el control en el Congreso y en el Poder Judicial. Las fuerzas que desequilibran el voto progresista y el conservador en el Consejo General del Poder Judicial, PNV y CiU, están dispuestas a desligarse del Ejecutivo "en todos los frentes". Entre otros asuntos, el órgano de gobierno de los jueces tiene sobre la mesa el futuro de Baltasar Garzón.

EL IMPARCIAL publicó este lunes una información que describía la precaria situación en la que se encuentra el Gobierno en el Congreso de los Diputados y sus causas, como el pacto constitucionalista PSE-PP para que Patxi López sea el nuevo lendakari. El presidente del Gobierno puede encontrar un nuevo escollo, esta vez en el Poder Judicial. La composición del Consejo General del Poder Judicial, pactada por socialistas y “populares” tras un prolongado bloqueo, sólo favorece a los progresistas si cuentan con el favor de los vocales propuestos por CiU y PNV.

En el corto plazo, el divorcio entre los progresistas y los nacionalistas en el seno del CGPJ puede incidir en el futuro del magistrado Baltasar Garzón, contra quien se han presentado varias denuncias en las últimas fechas por su praxis en el caso “Gürtel”, y sobre el que pesa una investigación por no haber declarado un sueldo percibido de la Universidad de Nueva York que podría apartarle de la carrera judicial.

Desde que comenzó el distanciamiento entre el Ejecutivo y sus socios habituales, el Partido Socialista ha encontrado en el caso “Gürtel” una excusa para intentar reequilibrar los poderes en el órgano de gobierno de los jueces. En Valencia, la oposición a Francisco Camps exige la dimisión del vocal y vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, ex consejero de la Comunidad. Los socialistas valencianos aducen que De Rosa ha insinuado en alguna ocasión que Garzón podría estar cometiendo prevaricación y, al mismo tiempo, mantiene una relación más que cordial con Camps, señalado por el juez de la Audiencia Nacional como presunto implicado en una trama de corrupción que ha salpicado a dirigentes y personas cercanas al PP.



De Rosa no es una pieza más en el CGPJ. Su composición actual -9 vocales progresistas, 9 conservadores, uno propuesto por CiU y otro por PNV-, obliga a los juristas designados por el PSOE a contar con el respaldo de los nacionalistas. Ni siquiera el voto de calidad del presidente, Carlos Dívar –propuesto por el Gobierno-, bastaría para superar al bloque que conformarían los conservadores con los despechados peneuvistas y los decepcionados catalanes. Si De Rosa dimitiera, los progresistas recuperarían el control del Consejo gracias al voto de calidad, y la burocracia del proceso de designación de un nuevo vocal haría que esta situación se mantuviera durante un prolongado espacio de tiempo.

En las propias filas progresistas hay alguna voz que parece haberse desmarcado de la línea PSOE. EL IMPARCIAL ha podido saber que José Manuel Gómez Benítez, vocal del Consejo propuesto por el Gobierno, podría hacer aún más exiguo el peso del Ejecutivo en el órgano y alejarse de la doctrina de sus compañeros en votaciones concretas.

Este periódico ha pulsado la opinión de las fuerzas que pueden desequilibrar la balanza en el Poder Judicial, y la principal conclusión de las conversaciones establecidas es que Zapatero no tiene capacidad de maniobra si se confirma el acuerdo entre socialistas y populares vascos para echar a Ibarreche de Ajuria Enea. Las fuentes consultadas confirman que, si se consuma este hecho, la ruptura con el Gobierno se producirá “en todos los frentes”.

La independencia del Poder Judicial
Fuentes nacionalistas constatan que el Ejecutivo no ceja en el empeño de buscar apoyos en estos tiempos difíciles, pero opinan que ninguno de sus pasos es acertado. El último de ellos tuvo forma de anuncio este lunes en Ferraz. José Blanco, vicesecretario de Organización del PSOE, proclamó un "proceso de inclusión” para el futuro gobierno vasco, desde el que no quieren enemistarse con el PNV. Sin embargo, en este partido no contemplan la incorporación al proyecto de un Patxi López que, recuerdan con frecuencia, les dejará en la oposición pese a haber logrado 30 escaños en la Cámara de Vitoria.

Las elecciones vascas y el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial no deberían guardar relación. Sin embargo, sus miembros son propuestos por partidos políticos y alguno de ellos ha estado ligado a estos, directa o indirectamente, en algún momento de su trayectoria. Por lo general, cuando pasan a formar parte del Consejo, y con el fin de aliviar las críticas, gran parte de los vocales opta por “desafiliarse” del partido que le ha propuesto para formar parte del órgano. Es el caso de Ramón Camp i Batalla (CiU) y de Margarita Uría (PNV), los vocales nacionalistas.

Ramón Camp i Batalla fue portavoz de CiU en el Senado y vicepresidente del Parlamento de Cataluña, así como uno de los redactores del Estatuto de Cataluña. Por su parte, Margarita Uría fue diputada del PNV en la anterior legislatura ejerciendo de portavoz de los nacionalistas en la Comisión de Justicia del Congreso y de presidenta de la de Sanidad.