Corrupción municipal por doquier

La detención de la alcaldesa de la Muela (Zaragoza) por su implicación en una supuesta trama de corrupción urbanística se une a la larga lista de escándalos que salpican la actualidad política más reciente. Aunque tal vez debería decirse “habitual”, por desalentador que resulte. Y es que da la impresión de que no hay partido que se libre de una lacra semejante, cual es la de la corrupción en sus múltiples variantes. En el caso zaragozano, la alcaldesa es del Partido Aragonés Regionalista (PAR). En Baleares, el turno era del Director Regional de Carreteras, de Unión Mallorquina (UM), acusado de desviación ilícita de capitales. Y de sobra conocidos son tanto el asunto de los trajes del líder de los populares valencianos Francisco Camps, como el de los socialistas de Baena que enmascaraban los gastos en clubes de alterne bajo facturas falsas de donaciones a entidades religiosas.

¿Qué le sucede a la clase política española? Comportamientos semejantes son los que dan mala fama a quienes se dedican al servicio público, arrojando sobre ellos un halo generalizado de desconfianza. Y no debería de ser así. El político es ante todo un ciudadano más. Con responsabilidades públicas –y, por tanto, especiales deberes de ejemplaridad- , sí, pero eso es lo único que le diferencia del resto. Que desempeñe correctamente sus atribuciones o no depende mucho de la persona. Pero también es cierto que ayudaría mucho a la regeneración ética de la vida política el que los ayuntamientos no tuviesen como fuente de financiación preferente la derivada de la especulación urbanística. De hecho, algunos ya están pagando las consecuencias de ello, o mejor dicho adeudando, ya que la inmensa mayoría de consistorios españoles tienen serios problemas de liquidez. Al mismo tiempo, sería deseable que ciertas partidas extraordinarias siguieran siéndolo, ya que su habitualidad las ha convertido en ordinarias. Gastos suntuarios, de representación y similares tienden a convertirse en una peligrosa constante, carente del más mínimo control. Y no puede pedirse a los ciudadanos que tengan fe en sus gestores si éstos no practican lo que predican. Así, sería bueno también que los partidos políticos eliminaran un sistema que produce la oportunidad de corrupción y que, además, arbitrasen mecanismos de control interno que depurasen responsabilidades, antes de que se hagan públicas por los medios de comunicación o por la filtración de algún sumario. Devolvería a la sociedad que les vota gran parte de la confianza perdida.