La continuidad de las obras de Gaudí pone en entredicho la Ley de Patrimonio

El legado de Antoni Gaudí genera polémica en Barcelona. La restauración de la Sagrada Familia y la Cripta Güell, por parte de instituciones públicas y privadas, ha desatado las críticas de defensores del patrimonio inacabado del arquitecto. A ellas se suma una precaria Ley de Patrimonio que agrava el desconcierto sobre la legitimidad de la continuación de las obras.

Más de un siglo después de que arrancaran las obras de la Sagrada Familia de Barcelona, del genial arquitecto Antoni Gaudí, la Junta Constructora del templo ha anunciado la finalización del espacio interior para 2011. Lo ha dicho Joan Rigol, presidente del patronato: “Estamos en la fase final de las obras”. Pero no todos son tan optimistas. Es el caso de María del Mar Arnús, crítica de arte de la Asociación Catalana de Críticos de Arte, que afirma que las obras en la Sagrada Familia son resultado de “explotar los edificios de Gaudí sin aplicar los métodos y los filtros que impidan la vulneración de su legado”.

Arnús es una de los firmantes del manifiesto “Gaudí en alerta roja” -elaborado por Fomento de las Artes y el Diseño (FAD)- junto a asociaciones de defensa del patrimonio como SOS Monuments o directores de museos nacionales como Manuel Borja-Villel del Reina Sofía. En referencia a la Sagrada Familia, el texto afirma que las obras de continuación “carecen de un proyecto de acabamiento definido, con un planteamiento estructural totalmente contrario al establecido por Gaudí y sin ningún respeto hacia su obra, cuyo proceso ha dado lugar a un continuo agravio”. Arnús va más allá: “Lo que se está haciendo en la Sagrada Familia es ilegal, insostenible, innecesario e inmoral”. Una acusación sobre la que la Junta Constructora no se ha pronunciado a este periódico hasta la fecha.


Restauración o restitución
Pero no sólo la Sagrada Familia está en obras. También lo está el Palau Güell, propiedad desde 1945 de la Diputación de Barcelona. A las voces contrarias a la intervención, que creen que se debe a un "interés manifiesto por hacer de Gaudí una marca", la administración local niega tal afirmación y matiza que "en ningún momento se ha trabajado con la idea de crear una marca" y defiende las “obras de mantenimiento y las campañas de restauración” porque una obra artística de este valor "merece ser cuidada".

Sin embargo, los que se oponen a la intervención tildan dichas obras de “irreversibles" y de "escándalo público”. Según Arnús, “partes importantes del conjunto han sido transformadas, derribadas o manipuladas sin un concepto global de conservación y sin ninguna necesidad constructiva”. A lo que añade que “han desaparecido los tabiques originales de separación de la parte posterior de la sacristía, se han revocado todas las bovedillas trapezoidales del techo del coro y se ha desgraciado la capilla del Santo Cristo”. Acusaciones negadas por la Diputación de Barcelona, que asegura que lo que se está haciendo es "reparar" tales estructuras y "nunca hacer desaparecer o derribar las partes". Además, matiza que "no se manipuló ningún tabique original" e, incluso, que "nunca han existido bovedillas trapezoidales en el techo del coro".

Siete de las obras de Gaudí, entre las que se incluyen la Sagrada Familia y la Cripta de la Colonia Güell, son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En espera de que la comunidad internacional quiera pronunciarse o intervenir, las instituciones de la administración catalana y central han respaldado este tipo de restauración y remodelación. Lo dice la Diputación de Barcelona en un documento al que ha tenido acceso EL IMPARCIAL: “Todos los trabajos se han realizado con el correspondiente respaldo de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona”. Así, insiste en que “las distintas fases de recuperación del Palau Güell se han hecho siempre de acuerdo con la ley”.

A pesar de contar con la aprobación de las instituciones, el proyecto desarrollado en la Cripta Güell ha suscitado críticas. La destitución -negada por la Diputación de Barcelona- en junio de 2008 de Antoni González, arquitecto encargado de restaurar la Cripta al servicio de Patrimonio de esta institución, venía a confirmar el descontento. De hecho, en 2004 se presentó una denuncia ante la Guardia Civil por destrucción de patrimonio, que, según la misma fuente, "fue considerada improcedente por la fiscalía", pero que de haber sido aceptada hubiera supuesto -según informó “El Periódico”- un desembolso por parte del encargado de la obra y la Diputación de 1,8 millones de euros por los daños causados a la estructura.


Además, en 2006, el Ministerio de Cultura encargó al Instituto del Patrimonio Cultural de España un informe evaluativo sobre el estado de las obras en la Cripta, en el que se calificó el trabajo de González de “agresivo” con la estructura; una calificación que según la Diputación no aparece en dicho informe.

Proyecto museístico
La Diputación de Barcelona, que instiste en la legitimidad del proyecto, pone fecha al fin de las obras en el Palau Güell para primavera de 2011. Según afirma, queda por rematar la “restauración de los pavimentos, los elementos ornamentales, las instalaciones (electricidad, alumbrado, acústica o movilidad), la construcción de nuevos servicios y la museización (señalización, recorridos, plafones informativos y elementos de protección)”. Unos añadidos que para María del Mar Arnús ratifican que “parece como si hubiera un acuerdo tácito para convertir a Gaudí en Gaudilandia”.

Mientas la restauración de la Cripta Güell ha sido la peor parada según los detractores de la intervención, que cifran los daños en una décima parte, la Sagrada Familia acumula décadas de obras pese a que, según el manifiesto “Gaudí en alerta roja”, “no cumple con las mínimas leyes democráticas y se está llevando a cabo sin permiso municipal”. Una denuncia sobre la que este periódico no ha obtenido respuesta de la Fundación de la Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia.

A la defensa de la labor arquitectónica de unos, y la lucha de otros para que se deje de manipular la obra del artista, se une la falta de instrumentos legales y la desidia de una Ley de Patrimonio que no termina por repuntar y que tiene anquilosados unos estándares de protección que distan del ámbito internacional. Falta esperar hasta 2011 para ver los resultados definitivos de ambos proyectos. Será entonces cuando se hayan enterrado las obras de la discordia y los edificios modernistas de Gaudí luzcan sin andamios.