El PP exige a la CE que impulse la privatización energética en la UE

El secretario ejecutivo de Economía y Empleo del Partido Popular, Miguel Arias Cañete, ha pedido a la Comisión Europea que tome medidas de impulso a la privatización de los grandes operadores energéticos en manos estatales para garantizar "transparencia y simetría" en el mercado después de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (TUE) en la que se declara la ilegalidad de la “ley Rato”. En declaraciones a Europa Press, el dirigente 'popular' señaló que hay que acatar la decisión, si bien la ley "tenía todo su sentido", dado que existe una situación "asimétrica" en los mercados europeos entre los países que tienen liberalizado su sector energético y aquellos que mantienen su "monopolio de estado".

"Ahora la CE tiene que plantearse si estamos ante un mercado en el que hay libertad de oportunidades para todos los operadores", aseguró Arias Cañete, quien rechazó que países como Francia o Italia puedan mantener sus "monopolios de generación y distribución", pudiendo comprar empresas privatizadas en otros países sin que haya reciprocidad. La denominada ley 'anti-EDF' o 'ley Rato' fue diseñada en 1999 para frenar la entrada de la eléctrica francesa en Hidrocantábrico, y establece que cualquier empresa extranjera con capital público que quiera comprar más del 3% de una eléctrica española tiene que pedir autorización al Gobierno.

El TUE ha dictaminado que la ley "puede disuadir a las entidades públicas establecidas en otros Estados miembros de adquirir participaciones en las empresas españolas que operen en el sector energético y, por tanto, constituye una restricción a la libre circulación de capitales". La sentencia señala además que España "no ha probado" que esta norma "constituya una medida adecuada para garantizar el abastecimiento de energía en España" y que, "en cualquier caso, dicha medida es desproporcionada con respecto al objetivo perseguido".

Por su parte el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, dijo hoy percibir “contradicciones de base2 en la política energética de la Unión Europea, en la que se permite a compañías públicas extranjeras realizar operaciones transfronterizas sin que otros grupos privados puedan beneficiarse de estas ventajas en condiciones de igualdad. Solbes considera que existen “dos factores de legislación vigente” en la UE que “plantean dificultad” y una “contradicción importantísima”.