Abren el debate
Jueves 14 de febrero de 2008
El canon digital se aplica en 24 países de la Unión Europea, entre ellos España, después de una apretada votación en el Congreso, a finales de diciembre pasado. Su polémica no sólo se circunscribe a España, donde plataformas como Todoscontraelcanon.com han recogido dos millones de firmas en apenas unos meses, que presentó el 31 de enero en el Palacio de la Moncloa. Pese a la extensión casi generalizada de este gravamen, la Comisión Europea encuentra puntos negros en una tasa que se aplica indiscriminadamente en todo aquel que compre un producto tecnológico, vaya o no hacer un uso no permitido, como realizar copias ilegales.
Por eso, en Bruselas se estudia un nuevo planteamiento sobre el canon digital, para encontrar un modo más ajustado de satisfacer las pérdidas originadas por las copias ilegales a los autores perjudicados, y cuantificar con más exactitud lo que los consumidores deben abonar. Así lo ha adelantado hoy el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, aunque no ha aclarado como van a calcular las pérdidas.
No obstante, McCreevy subrayó que no se pretende atacar directamente la existencia del canon. "No es mi intención cuestionar el derecho de los titulares de derechos de autor a recibir compensaciones por las pérdidas ocasionadas por las copias privadas. Está consagrado en la legislación comunitaria y no tengo intención de proponer un cambio a esta legislación", declaró el comisario de Mercado Interior.
Tasas distintas en cada país
El canon se aplica de un modo libre en cada Estado de la Unión, y la mayoría aplica tasas en productos como impresoras, discos duros, reproductores de mp3 o teléfonos móviles. Así, McCreevy se pronunció timidamente favorable a una compensación más ajustada para los autores, sin tener que imponer una tasa en todo tipo de artículos que, en la mayoría de los casos, no tienen nada que ver con copias privadas ni uso ilegal de obras sujetas a los derechos que recoge la Ley de la Propiedad Intelectual, aprobada el pasado verano. A su juicio, sólo deberían estar sometidos a canon aquellos productos que vayan a utilizarse "en medida apreciable" para hacer copias de uso privado. Esto podría dejar fuera de la lista a productos como impresoras, grabadoras de voz o teléfonos móviles. Unas tasas que no se aplican con homogeneidad en los países comunitarios.
"Lo que intentamos hacer es introducir realismo en este debate y que el nivel del canon esté relacionado con el montante de la pérdida por la copia privada. Y esto no es muy obvio en alguno de los productos a los que se aplica este canon", resaltó McCreevy. "Existe la necesidad de una discusión abierta entre todas las partes interesadas y eso es lo que queremos facilitar", agregó.
La consulta estará abierta hasta el próximo 18 de abril y se completará con una audiencia pública sobre el asunto a lo largo del mes de junio para intentar pactar una estrategia común con todos los afectados.
La Comisión Europea ya intentó hace un año legislar sobre el canon digital, pero las enormes diferencias entre los Estados miembros y los actores implicados le llevaron a archivar su propuesta
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