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La discriminación salarial de los funcionarios civiles de Defensa provoca “la gran evasión”

denuncian que llevan 20 años con la misma problemática

Jueves 09 de abril de 2009
En sólo cuatro años, el número de funcionarios civiles del Ministerio de Defensa se ha reducido de 8.000 a 5.000 trabajadores. ¿A qué se debe esta “estampida”?



Fuentes del personal del Ministerio y del Sindicato de la Administración Pública (SAP) han explicado a EL IMPARCIAL que “llevan más de 20 años esperando una modificación de la relación de puestos de trabajo del personal civil” para que se equiparen sus sueldos.

Sin embargo, el pasado 29 de mayo, se cerró un acuerdo con los sindicatos en el que Defensa reconoció el desfase y elaboró un certificado por el que se establecía la viabilidad económica de la equiparación, sin que esta supusiese un incremento del presupuesto.

Todo parecía solucionado “aunque el aumento sólo supusiese 45 euros más al mes”, pero en septiembre de 2008 la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), el órgano encargado de los puestos de trabajo de los funcionarios, “echó atrás el cien por cien de las propuestas”, según han explicado a este diario fuentes del personal civil del departamento.

Estos trabajadores han acudido a diversas instituciones y se han puesto en contacto con personalidades del Gobierno para exigir atención sobre su problemática, pero nadie les ha hecho caso.

La única ventaja que han conseguido estos funcionarios ha sido una “mínima” reclasificación de los puestos. Lo negativo de esta cuestión es que “sólo se han beneficiado unos 1.000 trabajadores y se han quedado fuera otros 4.000, ampliando la problemática de discriminación que ya existía”, según han apuntado fuentes del SAP.

Los funcionarios civiles del Ministerio de Defensa se dividen en dos grupos: administradores (C1) y auxiliares (C2). Con esta reclasificación los pertenecientes al C2 quedan por encima de los del C1, ya que las retribuciones salariales complementarias de destino superan a las de los administradores.

Por todo ello, para los funcionarios civiles de Defensa “no es de extrañar” que desde 2006 se haya ido “casi el 50 por ciento de la plantilla” y que en los concursos convocados para las vacantes “no se cubra el 40 por ciento y los que se han presentado eran los desplazados a otras provincias, que querían volver a sus lugares de origen”.

Además, el SAP ha explicado que se carece de programas de promoción y de méritos con los que evolucionar en el puesto de trabajo. Para el sindicato “sufren una discriminación respecto a los sindicatos mayoritarios, respecto a los compañeros de trabajo militares y, ahora, los administradores respecto a los auxiliares”. Además, se consideran “los peor valorados laboralmente en cuanto al resto del personal civil de la Administración”.

Fuentes del SAP consideran que esto se debe en parte al “amiguismo y favoritismo” en el que está inmerso el Ministerio y han asegurado que las mejoras siempre han ido a parar al personal militar.

También denuncian que “los sindicatos mayoritarios que reciben subvenciones estatales actúan como correa de transmisión de los partidos autotitulados progresistas”, ya que son “más dóciles respecto a algunas cuestiones”.

Por todo ello, los funcionarios civiles del Ministerio de Defensa “quieren acabar con las discriminaciones salariales de los últimos 20 años”.

Soluciones
El SAP ha elaborado un informe sobre la problemática con estos trabajadores y ha incluido una serie de soluciones. Entre estas se encuentran, como es natural, la disminución de la diferencia salarial y de complementos y de las desigualdades en materia de promoción.

En el sindicato también abogan por la creación de una mesa de negociación donde se puedan discutir los asuntos y valorar la actualización del sistema proporcional de ascensos, complementos, reconocimientos, etc, así como el establecimiento de un observatorio de situaciones laborales.

Otra de las reivindicaciones del SAP es que se compartan las instalaciones de vivienda, ocio, descanso y deportes con los funcionarios civiles y que se amplíe la oferta de cursos formativos.

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