Víctor Morales Lezcano | Viernes 10 de abril de 2009
No hace mucho, el filósofo francés Paul Ricoeur expresaba, no sin cierta dosis de ironía, que se sentía “perplejo por el inquietante espectáculo que dan el exceso de memoria aquí, el exceso de olvido allá, por no hablar de la influencia de las conmemoraciones y de los abusos de la memoria -y olvido”. Y apostillaba Ricoeur que “la idea de una política de la justa memoria es uno de mis temas cívicos reconocidos”.
En alguna que otra colaboración mía para la gacetilla de El Imparcial titulada “Al norte de Tarifa/ al sur de Espartel”, he venido reclamando un poco de seriedad intelectual en este asunto.
La Memoria, la reminiscencia del pasado vivido, es un derecho del sujeto entrevistado; nos hallaríamos por tanto, frente a un proceso generador de la herramienta oral, tan valiosa como tantas otras herramientas (piénsese en la icono-filmografía) para realizar una inmersión en el pasado y rescatar una parte de la verdad histórica -o sea, de lo que realmente ha sucedido en un lugar y tiempo precisos-.
Emerge así la Historia, la normativa histórica que se nutre de diferentes caudales y que también -aunque semivelada- encierra una porción de subjetividad difícilmente eludible.
Recuerdo personal y recuperación metódica del pasado: no ha lugar a confusiones entre dos procesos igualmente lícitos y de funcionalidad diversa. El uno y el otro no entran en colisión, aunque sí convergen en su virtud renovadora, cuando no ostensiblemente desmitificadora, del pasado.
En Francia, la Ley de Memoria Histórica (Ley Gayssot, 1990) ha hecho correr ríos de tinta. Vamos camino de ello en España, país-nación que se resiste con terquedad a la aceptación de su pasado histórico. Y Marruecos, con acierto desigual en los frutos recogidos, viene intentando asumir páginas de un pasado poscolonial sombrío a través de la instancia Equidad y Reconciliación (2004). De esta última comentaremos in extenso cuando sea conveniente.
Si reincido en esta cuestión de la Memoria y la Historia, lo hago movido por intentar su necesario esclarecimiento. Veamos. Desde el proceso de Nüremberg (20 de noviembre de 1945- 1 de octubre de 1946) la contemporaneidad, a escala internacional, viene asistiendo a un proceso de castigo, o sanción, por el crimen, o delito, cometido contra la humanidad y los derechos (1948) que ésta merece que sean respetados.
Nos enfrentamos a una trayectoria noble, pero de recorrido espinoso, que ha encontrado su talón de Aquiles en el escenario de las últimas guerras de descomposición en los Balcanes.
El libro de Carla del Ponte, la conocida magistrado italiana, que lleva por título Confrontation with Humanity´s worst criminals and the Culture of Impunity: A Memoir (Other Press, 2009), revela las raíces de la confusión que reina en el sedicente territorio exploratorio de la Memoria histórica.
A la luz de la conciencia colectiva, que ha ido engrosándose después del final de la Segunda Guerra Mundial, la ley a través de tribunales con pretensiones internacionales, sopesa cargos y atiende a defensas en contra y a favor del reo, en este caso concreto, de los dirigentes de Serbia. Parece que no se puede siempre ejemplarizar suficientemente para detener la inclinación humana al abuso, cuando no al atropello de los otros; pero resulta siempre plausible procesar con rectitud al (los) culpable (s) y sentenciar en consecuencia. Es, éste, el espíritu que viene moviendo las leyes cuando descienden al terreno de “penas y quebrantos” de la humanidad, y, en consecuencia, al de la reparación de los daños causados a las víctimas de turno y sus derechohabientes, como prescribe el Centro Internacional para la Justicia Transicional desde 2001.
De aquí, a creer que las leyes de nuestro tiempo y su espíritu -como apelaba Montesquieu- pueden aplicarse con insultante desenfado y aparente derechura a no importa qué época, coyuntura, escenario, o dramatis personae de tiempos pretéritos, resulta una intromisión bastarda en el oficio propio de historiador. Amén de ser un ejercicio anacrónico donde lo haya, aunque se practique y hasta tenga acogida acrítica en la conciencia moralizadora de millones de mentes con proclividad manifiesta al maniqueismo. Es decir, a la práctica de lo que Pierre Nora denominó “ejercicio de incriminación retrospectiva”, e infinita.
La cuestión, como puede comprobarse, es de calado. Conviene aplicarse a su debate y procurar que, entre todos, se vaya abriendo paso la apostilla de Paul Ricoeur con la que se iniciaba esta digresión y que parafraseo seguidamente: “la idea de una política de la justa memoria, (ha de ser) uno de (nuestros) temas cívicos reconocidos”. En el Magreb, y en el resto de países ribereños no predominantemente judeo-cristianos, la aparición en su horizonte cívico de esta cuestión puede ser demostrativa de unos giros mentales que anuncian en su seno el desencadenamiento de la libertad de pensar.
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