Denuncian que "no hay dinero" para hacer cumplir la Ley de Dependencia

La Ley de Dependencia no funciona. Zapatero ya ha encargado su desarrollo a tres ministros pero sigue sin proveerla de financiación. Desde la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia denuncian que "no hay dinero" y advierten de que "los empresarios no van a financiar esta ley". Además, lamentan que la ministra diga que las comunidades recibirán un 20 por ciento del fondo destinado a esta ley cuando lo acordado era el 80 por ciento: "Se dice una cosa en los papeles y se manifiesta otra después públicamente".

La Ley de Dependencia, la que el Gobierno vendió como el cuarto pilar del Estado de Bienestar, no está funcionando. Así lo demuestra el hecho de que José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido que nombrar a una nueva ministra, Trinidad Jiménez, –y van tres junto a Jesús Caldera y Mercedes Cabrera– para que intente impulsarla definitivamente.

Para el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, hay dos fallos fundamentales: primero, y más importante, la financiación, “no hay dinero”, y segundo, el encaje jurídico de qué profesionales deben hacer las valoraciones de los dependientes según el baremo fijado por ley.

Sobre esta primera cuestión, Echevarría ha asegurado a EL IMPARCIAL que “la atención a un gran dependiente, hallando la media de todos los gastos necesarios, estaría por encima de los 2.000 euros, cuando ahora, por la media de las concertaciones con las comunidades autónomas, estamos recibiendo unos 1.400 euros”.

Los empresarios no van a financiar esta ley
El presidente de la FED ha asegurado que “una cosa está clara y es que los que no pueden financiar esta ley son los empresarios, muchos de los cuales, además, ahora están al borde de la viabilidad económica de las empresas”.

En este sentido, la nueva ministra de Sanidad y Política social ha anunciado, tras la reunión del Consejo Territorial de Dependencia, que las comunidades recibirán un 20 por ciento del fondo acordado por el Gobierno para financiar la ley de Dependencia en función del número de personas evaluadas.

A este respecto, Echevarría ha lamentado que “se dice una cosa en los papeles y se manifiesta otra después públicamente”, ya que previa a esta reunión de la ministra sólo con las comunidades, se celebró la del Comité Consultivo (los agentes sociales –sindicatos y empresarios– con las tres administraciones: ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno central) en la que se dijo que se iba a adelantar el 80 por ciento antes e firmar el acuerdo.

El 75% de la atención es privada
Como sucede en otros ministerios, el responsable de los empresarios dice que se les escucha “y con mucha amabilidad” pero “a la hora de tenerlos en cuenta, nada”. Por eso, José Alberto Echevarría advierte de que “esos recursos no llegan a cubrir las necesidades reales” y recuerda que “el 75 por ciento de la atención a la dependencia es de iniciativa privada. Las plazas públicas sólo representan en España el 25 por ciento”.

La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia representa a más de 2.400 empresas, unos 100.000 trabajadores y que entre plazas residenciales, ayuda domiciliaria, teleasistencia y centros de día atiende a más de 800.000 usuarios.

Otro Pacto de Toledo
El presidente de la FED no se fía de las palabras de la nueva ministra cuando dice que ha sido elegida en el cargo para dar un nuevo impulso a la Ley de Dependencia: “Obras son amores y no buenas razones. Dar el impulso necesario para sacar adelante esta ley es algo que ya lo dijo Jesús Caldera, lo volvió a reiterar Mercedes Cabrera y ahora lo ha vuelto a decir Trinidad Jiménez”.

Así, Echevarría reclama “financiación por parte de la administración central del estado, que por supuesto después tenga su contrapartida por parte de las comunidades autónomas, y luego un compromiso de pacto”. Por eso pide “otro gran pacto de Toledo y dejarnos de cuestiones partidistas y si todos creemos en la Ley de la Dependencia tirad todos en el mismo sentido”.

Servicios, no prestaciones económicas
Uno de los aspectos en los que ha puesto más hincapié el presidente de la FED es en el espíritu de la ley, que no se está cumpliendo: “El 27 por ciento de las personas que han sido ya valoradas en su grado de dependencia están recibiendo servicios, otro 27 por ciento reciben una prestación económica para el cuidador informal y hay más de un 40 por ciento de prestaciones no especificadas, que estamos convencidos de que son también prestaciones a cuidadores informales”.

Con esto, denuncia el responsable de los empresarios, “estamos hablando de más del 70 por ciento que no reciben servicios, que es lo que marca el propio texto de la ley, que explica que las prestaciones económicas son con carácter excepcional”.

“Pero claro, tiene mucha venta electoral decir ‘por lo mismo que estabas haciendo’ ahora te voy a premiar con una paguilla”, apunta José Alberto Echevarría, que añade: “Eso no era para lo que salía la ley, para eso sacas un real decreto de subsidio a la dependencia y no te hace falta sacar esta ley”.

Diferencias en la valoración
Por otra parte, tiene claro que uno de los pocos acuerdos a los que ha llegado el gobierno de forma unánime, y que se manifiesta en un real decreto, es el baremo de valoración. “A lo que no han llegado es al acuerdo de con qué equipo se va a hacer”, señala el presidente de la FED que añade: “Hay muchísima diferencia dependiendo del profesional que esté pasando ese baremo en una comunidad autónoma u otra.

José Alberto Echevarría explica que han detectado “hasta cuatro grados de diferencia ante una misma situación” y nos pone un ejemplo: “Un mismo caso es valorado en un sitio como gran dependiente de grado II y en otro como grado II pero de nivel 1”.

El máximo responsable de los empresarios de asistencia a la dependencia denuncia que esto sucede porque “los profesionales que se encargan de hacer esta valoración no son los mismos. Hay comunidades en las que han optado por trabajadores sociales y en otras por profesionales con un perfil médico”.

El presidente de la FED tiene claro que una cosa lleva a la otra: “No hay dinero y los equipos de valoración son los que son. Unos han invertido más y otros menos, por eso hay comunidades que están tardando, desde la solicitud hasta que realmente se formaliza la valoración entre 6 y 8 meses”.