Javier Zamora Bonilla | Martes 21 de abril de 2009
El presidente Montilla ha mandado un mensaje indirecto al presidente Zapatero, aprovechando la visita del vicepresidente Chaves, para recordarle que la estabilidad parlamentaria en Madrid depende en gran medida de la capacidad que el Gobierno español muestre para llegar a un buen acuerdo de financiación autonómica, una financiación suficiente que permita la ejecución del nuevo Estatuto.
Sobre la necesidad de que la financiación de las Comunidades Autónomas, que ejercen la mayoría de las competencias y algunas de las más costosas, sea suficiente y, por tanto, se incremente la actual que es insuficiente, ya nos hemos pronunciado en diversas ocasiones, y hemos resaltado que lo importante no es la financiación de los territorios sino de los servicios prestados a las personas que en ellos viven, respetando todos los principios constitucionales. No insistiremos por esta vía, vamos a una cuestión más sencilla.
Montilla tiene también claro que de ese acuerdo depende la estabilidad del Gobierno catalán y querría hacer un juego de contrapesos que les resultase favorable a ambos Gobiernos. De las declaraciones del presidente de la Generalitat se colige que el voto de los diputados del Partido de los Socialistas de Cataluña en el Congreso estará condicionado en función de que el acuerdo sea más o menos satisfactorio, con lo que el ofrecimiento de estabilidad va al mismo tiempo trufado con una amenaza de mayor inestabilidad.
No es cuestión de este artículo entrar ahora en el porqué del retraso del acuerdo de financiación autonómica. La crisis económica y la falta de dinero para financiar solventemente las nuevas competencias asumidas por la Comunidad Autónoma catalana, la dificultad de combinar el principio de bilateralidad establecido en el nuevo Estatuto con la necesidad de establecer un acuerdo multilateral con el resto de Comunidades Autónomas, las dudas sobre la constitucionalidad del nuevo Estatuto catalán a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional y en qué medida una declaración de inconstitucionalidad podría condicionar algunos puntos de la financiación... son aspectos que pueden estar influyendo en este retraso, pero nada de esto es el tema ahora, como digo, sino que interesa precisar algo mucho más sencillo, una cuestión de principios, que es recurrente no sólo en el discurso nacionalista, incluido el del PSC, sino también en el de otros grupos políticos. Montilla afirma que los diputados socialistas catalanes se deben a quienes los han elegido. Y esto que puede parecer evidente, sensato y hasta razonable, resulta que es falso, y por eso conviene explicitar que el artículo 66 de la Constitución española establece en su punto primero que “las Cortes Generales representan al pueblo español”, y que el artículo 67 en su punto segundo dice: “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”, de forma que según nuestro ordenamiento constitucional está claro que los diputados representan a la soberanía, o ciudadanía como se prefiere decir ahora, y no a aquellos electores que los han votado, lo que significa que en sus actuaciones tienen que ir guiados por el interés general y no por el de su propio electorado. Lo contrario sería volver al caciquismo y al localismo de las políticas de los regímenes decimonónicos.
Que el mandato no sea imperativo y que cada diputado ejerza sus funciones en representación del conjunto de la soberanía (“conjunto de la soberanía” es una expresión redudante, porque la soberanía desde que es popular es siempre conjunto, pero la utilizo para que se entienda mejor) no condiciona para nada el sentido del voto, es decir, que los diputados socialistas catalanes podrían interpretar que el interés general es hacer caer al Gobierno si no se alcanza un acuerdo de financiación autonómica que consideren conveniente. Mas es importante que destacar que el sentido del voto no se debe a ningún mandato imperativo, pues es una cuestión de principios que debe estar clara porque la falta de claridad en los principios que ordenan un sistema político suele ser causa de grandes males como saben los buenos teóricos de la ciencia política.
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