Pumpido plantea ahora la forma de sacar a ANV de los ayuntamientos

La Fiscalía entiende que una reforma del artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local permitiría expulsar de los Ayuntamientos a los partidos vinculados a una organización terrorista cuando esos partidos sean ilegalizados después de constituirse el consistorio.

La Fiscalía entiende que una reforma del artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local permitiría expulsar de los Ayuntamientos a las formaciones políticas vinculadas a una organización terrorista cuando, como sucede en el caso de ANV, esos partidos sean ilegalizados después de constituirse el consistorio.

Así lo han informado fuentes del Ministerio Público consultadas después de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunciara en el Senado que esa reforma de la Ley de Régimen Local sería una "posible y sencilla" solución legislativa y la "única constitucionalmente viable".

El artículo citado establece que el Consejo de Ministros "podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales".

El punto segundo de ese precepto señala que se considerarán "gravemente dañosos" los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales "que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares".

La Fiscalía, que no ha planteado oficialmente la propuesta de reforma legislativa, entiende que bastaría con añadir a ese punto como causa de disolución la de que un Ayuntamiento esté gobernado por una mayoría de concejales pertenecientes a un partido político ilegalizado con posterioridad a la constitución del mismo.

La reforma de la Ley de Régimen Local es una de las medidas que el Gobierno barajó antes de las últimas elecciones municipales, cuando la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega aseguró al inicio de la campaña electoral que el Ejecutivo trabajaba ya en la búsqueda de una fórmula para impedir que una organización ilegalizada pueda gobernar en las alcaldías.

"Problema puntual" con la Policía
Por otra parte, el fiscal general del Estado ha lamentado que la revelación de un "problema puntual" sobre la actuación de la Policía Nacional en los procesos de impugnación de candidaturas abertzales haya podido molestar a este cuerpo, al que ha reiterado su admiración y respeto.

Conde-Pumpido ha respondido este jueves al portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Senado, Agustín Conde, para quien las declaraciones sobre la falta de colaboración de la inhabilitan al fiscal general del Estado para seguir ejerciendo su cargo. El fiscal general ha explicado que entre sus obligaciones está informar a la opinión pública y que su explicación puso de manifiesto un problema puntual por un error interpretativo que, como aseguró el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha solucionado. Así, ha agradecido la "inmediata y enérgica" reacción del ministro dando instrucciones para subsanar ese error, y ha dado por "definitiva y absolutamente" zanjada la cuestión.

No obstante, ha lamentado profundamente que la polémica haya molestado a la Policía y ha valorado el excelente trabajo que realizan estos agentes, aunque ha expresado su intención de limitar sus comparecencias en foros públicos como el que fue escenario de sus declaraciones la semana pasada.

Durante su intervención, el senador popular ha criticado que Conde-Pumpido hiciera estas manifestaciones "tomando un café con churros" cuando debería hacerlo a través de las instituciones, y le ha acusado de mentir o hacer "una gravísima dejación de funciones" al no denunciar la obstrucción a la Justicia que ponían de manifiesto sus palabras y no identificar a los que le negaron los informes. Según Agustín Conde, las manifestaciones de Conde-Pumpido son "la acusación más grave que un fiscal general ha hecho nunca contra un gobierno", ya que ha sembrado dudas sobre la competencia de cerca de 70.000 policías.

El portavoz del PP considera que Conde-Pumpido, de quien ha dicho que tiene uno de los currículos "más nefastos que ningún fiscal general ha tenido en España", debería haber dimitido tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre la ilegalización de ANV, cuando "tuvo la oportunidad de que desaparecieran los terroristas en las instituciones y no lo hizo". Ante esta acusación, el fiscal general ha recordado que la sentencia del TS sobre ANV fue dictada para resolver una demanda de ilegalización de la Fiscalía, "y nos dieron la razón", como ha ocurrido en todas las impugnaciones.

Durante su comparecencia, en la que ha informado sobre la política criminal de la Fiscalía, Conde-Pumpido ha advertido de que la amenaza del terrorismo "sigue ahí" y de que los violentos, pese a ver reducida su capacidad operativa, pueden aprovechar todas las oportunidades para causar dolor. En la estrategia contra Eta el fiscal ha enmarcado también la lucha contra los cimientos del terrorismo y se ha congratulado de que se haya conseguido erradicar de las últimas elecciones al Parlamento vasco toda opción violenta.

En este contexto, ha anunciado que la Fiscalía ha sugerido al Gobierno una reforma de la Ley de Bases del Régimen Local que permita expulsar de los ayuntamientos las candidaturas vinculadas a una organización terrorista.