El futuro de nuestra Justicia

Se acerca el Debate del estado de la Nación, y es bueno reflexionar sobre el actual estado de nuestra Justicia. Uno de los pilares básicos del “Estado social y democrático de Derecho” que define a España en el artículo 1.1 de nuestra Constitución, es, sin ninguna duda, el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. Lamentablemente, la opinión es unánime, desde hace ya bastantes años, de que la Administración de Justicia no funciona con los mínimos niveles de celeridad y coordinación exigibles.

El Gobierno presentó en diciembre de 2008 su Proyecto de Ley sobre la nueva Oficina Judicial, que ya tuvo en 1985 su primer antecedente y en el año 2003 un impulso importante. Parece claro, a raíz de la polémica suscitada, que el Proyecto ha generado un profundo descontento en los jueces, especialmente en lo que afecta a su labor jurisdiccional, que el artículo 117.3 CE reconoce en exclusiva a jueces y magistrados, avanzando el Proyecto una teórica división entre lo procedimental -que asumirían los secretarios judiciales- y lo jurisdiccional -que asumirían los jueces-, que no parece tan clara y nítida en la practica real de la Administración de Justicia, donde no es tan fácil deslindar lo procedimental de lo jurisdiccional. Por lo demás parece que los secretarios judiciales también muestran cierta preocupación por el hecho de poder ver mermada, en determinados actos del procedimiento, su esencial labor de dar fe pública de lo actuado, siendo sustituidos por aparatos de grabación de audio y video.

Precisamos ya de la ineludible apuesta política, porque al final es una cuestión de voluntad política, que debe traducirse en una importante inversión en los medios materiales y humanos que precisa la justicia española, pues quizás el Proyecto de Ley, sin el necesario dinero, le suceda igual que a la Ley de Dependencia de la pasada Legislatura, que tantas expectativas levantó y tanto está defraudando a los ciudadanos por su falta de dotación presupuestaria.

Sin embargo, estimo que la cuestión es mucho más profunda que lo que pueda parecer el acierto o desacierto del mentado Proyecto de Ley. No le falta razón al profesor Valentín Cortes cuando en un reciente artículo afirma que “la oficina judicial aparece como una especie de talismán legislativo que está destinado a solucionar todos los males de la Justicia”. Lo primero que debemos señalar es que la Justicia es una cuestión de Estado, por lo tanto es una materia que debe quedar al margen de la refriega política que tanto gusta, parece ser, al PSOE y al PP. La politización que ambas fuerzas políticas han sometido al órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, y a nuestro máximo interprete de nuestra Norma Fundamental, el Tribunal Constitucional, muestran una total irresponsabilidad y falta de respeto por las Instituciones, algo que un país serio y verdaderamente democrático no se puede permitir. En segundo lugar, hay determinadas materias, la justicia es una de ellas, que no puede sufrir la descoordinación de un Estado Autonómico en el que, por citar un solo ejemplo, pero bastante significativo, son incompatibles los sistema informáticos de justicia entre las Comunidades Autónomas que tienen transferida esta materia. Por cierto, en este campo se podría copiar o tener como referente la muy eficaz herramienta informática de la Agencia Tributaria española. Por lo demás, a nadie se le escapa que debe ser bastante difícil gobernar con eficacia una Oficina Judicial donde los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial, los secretarios judiciales del Ministerio de Justicia, los oficiales, agentes judiciales y auxiliares de la Comunidad Autónoma, si es que la competencia de justicia está transferida, o del Ministerio de Justicia, en caso contrario. Amén, de la correspondiente coordinación entre Jueces y Fiscales, también sus sistemas informáticos son incompatibles, y a su vez de éstos, con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Centros Penitenciarios, etc.

El Proyecto de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) es un buen momento para que con rigor y responsabilidad, las fuerzas políticas y los diferentes profesionales implicados (jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, cuerpos de seguridad, funcionarios de prisiones, etc.) pensemos en los principales destinatarios, los ciudadanos que pagan religiosamente sus impuestos y se merecen una justicia distinta de la que nos indica la realidad: el número de asuntos pendientes ha aumentado en 700.000 desde 2004 y roza los 2,8 millones. Pero también debemos exigir a los ciudadanos, es ésta una cuestión de todos. En este sentido no podemos obviar que España tiene unos niveles de litigiosidad altísimos (180 casos por cada 1.000 habitantes, Reino Unido tiene 50, Alemania 80, Italia 100), no todas nuestras discrepancias deben acabar en los Tribunales. Aquí sí hay una buena materia para Educación para la ciudadanía. También la mediación y el desarrollo de la jurisdicción voluntaria serían mecanismos útiles para la necesaria e imprescindible rebaja en la entrada de casos.

Concluimos, el Proyecto de Ley sobre la NOJ debe implicar el compromiso necesario de dejar de parchear el barco de la Justicia, de realizar las precisas políticas de Estado que España necesita en materias tan vitales como la justicia o la educación, y para ello se requiere un Estado fuerte y eficaz, y mucho nos tememos que el Gobierno Zapatero no vaya por ese camino.