Viernes 01 de mayo de 2009
El tremendo desempleo que asola España no ha sido la nota predominante de las marchas reivindicativas celebradas con ocasión del 1º de Mayo. Cuesta creerlo, pero es así. El tono general adoptado por los sindicatos en las respectivas concentraciones que han tenido lugar este viernes ha oscilado entre la amenaza y el resquemor. Las llamadas a una huelga general, proferidas entre banderas comunistas y republicanas, dejan bien a las claras la aportación de CCOO y UGT a estos tiempos de crisis. Sus máximos dirigentes, Toxo y Méndez, han alertado del conflicto social que generaría emprender en vía parlamentaria una reforma del mercado de trabajo. Al parecer, los líderes sindicales consideran como el undécimo mandamiento divino lo que, en realidad, es una legislación reaccionaria que desincentiva la creación de puestos de trabajo, introducida por el general Franco en sus momentos de mayor inspiración mussoliniana. Por lo demás, ni una crítica al Gobierno bajo cuyos auspicios más empleo se ha destruido en la historia reciente de España, ni una sola aportación que ayude a paliar la actual situación. Desde el punto de vista de los trabajadores, sobre todo de los jóvenes, se diría que se tarta de una actitud sospechosa e interesada. Parece que no hubiera sino dos clases: los que tienen trabajo desde tiempo inmemorial -y vegetan acariciando una cuantiosa indemnización por despido- y los que no pueden acceder por primera vez a un mercado de trabajo rígido e inflexible, los que están en el paro o están a punto de perder su empleo.
Que un líder sindical se permita el lujo de decir al Parlamento lo que puede o no hacer es inaceptable. La actividad parlamentaria la llevan a cabo los representantes elegidos por todos los españoles, quienes les han designado para que constituyan el poder legislativo. En otras palabras, el pueblo soberano designa a diputados y senadores para que, con arreglo al funcionamiento esencial de la democracia, elaboren las leyes que rigen el Estado de Derecho. Pero nada de eso parece importar a los sindicatos, acomodados en un “laissez faire” permanente que dura ya cinco años, los mismos que lleva Zapatero en el poder. Critican el pasado de Aznar -donde se generaba empleo-, critican también a los empresarios -que son quienes generan empleo-, y se posicionan junto al Gobierno -bajo cuya responsabilidad se destruye más empleo que nunca-. Y aparecen lo menos posible. Triste papel el de unas centrales sindicales sufragadas con dinero público -y mucho- que aprovechan la concurrencia del Día del Trabajo para celebrar una fiesta-protesta donde se cuestionan las instituciones democráticas: léase, la soberanía nacional expresada en las Cortes. Lamentable.