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El Gobierno de Navarra exige en los tribunales la retirada de la ikurriña en Villaba

ondea desde el 1 de mayo

Martes 05 de mayo de 2009
Este martes ha sido presentado un escrito ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pamplona en el que, además, los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra solicitan la imputación penal del alcalde del municipio.

Pamplona, 5 may (EFE).- El Gobierno de Navarra ha formalizado hoy el acuerdo tomado en su sesión de ayer y ha requerido judicialmente la retirada de la ikurriña de Villava y la imputación penal de su alcalde, ha informado el Ejecutivo foral en una nota.

Así, sus servicios jurídicos han presentado este mediodía un escrito ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pamplona para que se requiera al Ayuntamiento de Villava a la retirada inmediata de la ikurriña del mástil instalado junto al edificio consistorial de este municipio de la Comarca de Pamplona.

El Gobierno de Navarra también ha exigido en este escrito al Juzgado que dirima la responsabilidad penal del alcalde villavés por incumplir la sentencia firme de ese juzgado que con anterioridad ya había ordenado esa retirada, según sentencia de 21 de julio de 2008, confirmada en apelación por el TSJN mediante sentencia de 20 de noviembre de 2008.

Pese a ello, la ikurriña, retirada el pasado mes de abril en cumplimiento de las citadas sentencias, ha vuelto a ondear junto al Ayuntamiento de Villava desde el pasado viernes 1 de mayo, según ha trascendido por los medios de comunicación, señala el Ejecutivo, que no menciona la nota hecha pública ayer por la Sociedad de Estudios Históricos Villava-Atarrabia 2009, en la que asumía ser la responsable de la izada de la ikurriña.

El escrito presentado por el Gobierno de Navarra estima que el Ayuntamiento de Villava, con la nueva izada de la enseña de la CAV, "trata de eludir el cumplimiento de estas sentencias judiciales y, por tanto, incurre en nulidad de pleno derecho, conforme al artículo 103.4 de la Ley Jurisdiccional".

Además, en el caso del alcalde de Villava, los servicios jurídicos del Gobierno estiman que "puede incurrir en responsabilidad penal", al cometer presuntamente un delito de desobediencia, tal y como tipifica el Código Penal. EFE

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