El Gobierno accedió a la negociación en los términos de ETA

La primera de las cartas la recibió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Navidad de 2004. En ella, la banda mostró su disposición a abrir un diálogo que pudiera prosperar sin que se viera condicionada la política diaria.

En la segunda misiva, ETA recordó al Gobierno su anterior propuesta y se ofreció para buscar una organización internacional que asegurara la confidencialidad de la mediación. De igual forma, la banda terrorista reafirmó su pretensión de resolver de forma "democrática" el conflicto vasco mediante una negociación política.

La respuesta del Ejecutivo a este comunicado fue afirmativa, pero con la matización de que cualquier iniciatvia de esa naturaleza es incompatible con la violencia. En marzo de 2005, el Gobierno de Zapatero aceptó la propuesta de diálogo con la condición de que se llevara de forma discreta y que conllevara el cese de la lucha armada.

En la tercera carta, ETA concreta la organización internacional elegida: la Henry Durant, así como establece dos fechas, el lugar de la reunión y la persona con la que los enviados del Gobierno debían contactar.

Para proteger la llegada de cada una de estas misivas, la banda terrorista ordenó a los encargados de llevarlas una serie de consignas como entregarlas en persona, ser discreto en los desplazamientos o no contactar por teléfono en ese tiempo.

Las reuniones, según la información que publica en su edición de hoy el diario "El Mundo", se celebraron en hoteles de Ginebra, primero y Oslo, después. La intermediación dispuesta por Henry Durant se componía de tres personas y la coordinaba Martin Griffiths, presidente de la organización.

"El Gobierno español respetará las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos. Dichas decisiones deben ser adoptadas en ausencia de violencia o coacción, respetando las normas y los procedimientos legales, los métodos democráticos y los derechos y libertades de los ciudadanos", cita el primer párrafo del preacuerdo entre los emisarios del Ejecutivo y de ETA.

En el segundo, el Gobierno español reconoce que han de ser los partidos vascos, así como los denominados "agentes sociales, económicos y sindicales", los que alcancen los acuerdos y establezcan los mecanismos de negociación con el máximo consenso posible. Tras esto, ETA debía realizar su declaración de tregua.

Sin embargo, ETA declaró la tregua pero no cumplió ciertos compromisos como la no extorsión a empresarios y el cese de los actos de terrorismo callejero. Un año después, ETA ordenó a Batasuna que se retirara de las negociaciones preparatorias de la mesa de partidos si PSE y PNV no concedían una autonomía "a cuatro" constituida por el País Vasco y Navarra.

Tras el atentado de la T-4, el traslado de las dos mesas a Ginebra en reuniones paralelas, a petición de organismos internacionales, fue la confirmación de que ETA había impuesto su criterio. No sería motivo suficiente para que Rodríguez Zapatero, como hace pocos días reconoció en una entrevista para este mismo medio, dejara de mantener contactos con emisarios de la banda.