Alberto Míguez | Lunes 18 de febrero de 2008
Será sin duda difícil en el futuro dilucidar con claridad la responsabilidad principal de quienes en Gibraltar, en Londres, en Madrid o en Sevilla, por dejadez o irresponsabilidad, dejaron que durante seis meses el barco permaneciera en la bahía de Gibraltar mientras las entrañas del pecio iban poco a poco corroyéndose hasta que se produjo la pérdida fatal de combustible y las graves consecuencias de esta nueva marea se vieron a la luz del día, negra en una zona especialmente delicada y que debería ser objeto de especial cuidado por los ribereños de la bahía de Algeciras, los "llanitos" (gibraltareños) y los campogibraltareños.
Por supuesto la lista de responsabilidades es extensa: junto a la de Junta Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, la Corporación de Alcaldes del Campo de Gibraltar, las Alcaldías de la Línea y Algeciras con sus respecticos concejales, etc. A esto hay que añadir la autoridad portuaria de Gibraltar de carácter militar y la Navy, y la nula respuesta de las organizaciones ecologistas o encargadas del medio ambiente que no tuvieron la capacidad de reacción suficiente. Sólo cuando las playas se convirtieron en un estercolero y la amenaza de otros vertidos -(no se sabe con exactitud qué contiene el pecio en sus bodegas, si la basura o chatarra es tóxica o no y si puede derramarse con grave peligro para las aguas de la bahía de Algeciras)-.
La historia de esta nueva marea negra podría compararse con la más reciente del "Prestige". Con una diferencia: no hubo politización alguna de la catástrofe -al menos por ahora- y no movilizó a cientos de voluntarios en toda España como sucedió en el caso de Galicia.
De aquella tragedia hubo quien sacó buena cuenta: en primer lugar, la izquierda local y nacional, ciertas organizaciones ecologistas diferentes empresas especializadas, e individuos como el escritor Manuel Rivas y demás compañeros mártires autores felices de aquel "nunca máis" que tanta rentabilidad sacaron al chapapote y que les ha servido como tarjeta de presentación para otros aventuras igualmente rentables.
No es el momento para reprochar al entonces Gobierno nacional los errores, olvidos e irresponsabilidades con que se afrontó la marea del "Prestige" pero pasados ya varios años puede hoy aclararse que de aquel desastre salieron cosas positivas: casi todos los damnificados cobraron en un tiempo récord las indemnizaciones que les correspondían, la limpieza de todo el litoral se hizo con rapidez y detractando muchos miles de millones que desgraciadamente en el caso que nos ocupa difícilmente podrán habilitarse.
Lo mejor de aquel episodio fue la reacción popular. Gentes de toda España, jóvenes estudiantes, universitarios, profesionales, vecinos solidarios, llegaron a la Costa de la Muerte con sus propios medios y obtuvieron por parte de los vecinos de la zona alojamiento, comida, cariño y solidaridad. Aquel fue, sinceramente, un espectáculo irrepetible que difícilmente podrán emular en la bahía de Algeciras y que por supuesto, ni llanitos ni algecireños podrán imitar.
La marea negra de Algeciras es sobre todo el resultado de una política hispano-gibraltareña blandengue. A fuerza de cesiones, de alcaldadas, comilonas y parrandas entre el Gobierno británico y el gobernador de la Colonia por un lado, y el ministerio de Asuntos Exteriores español, el contencioso hispano-gibraltareño sigue siendo lo que fue: un problema de soberanía en el que participan obligatoriamente los dos gobiernos nacionales. A fuerza de arracucos, buenas palabras y paseos por la bahía, el ministro de Exteriores español, Moratinos, ha creído resuelto un asunto que nadie hasta ahora logró mejorar.
El Gobierno de Zapatero y sus colaboradores en el tema de Gibraltar, entre ellos el muy competente José Pons, saben mejor que nadie que las buenas palabras, las concesiones porturias o aeroportuarios son apenas concesiones superficiales, pero que el verdadero problema está ahí.
En el caso que nos ocupa jamás se debió aceptar que durante seis meses un barco varado en una zona marítima que pertenece a España (Gibraltar no tiene aguas territoriales) permaneciera bajo control técnico, militar o portuario todos estos meses.
Por supuesto que el principal resposable de este desastre es el señor Chávez, presidente de la Junta andaluza y su Consejero de Medio Ambiente. Pero culpar a estos individuos cuya incompetencia han puesto de manifiesto ni sirve a estas alturas para nada. El Gobierno central intentará echarle una mano, pero la movilización general que produjo el "Prestige" parece a estas alturas el sueño de una noche de verano.
En cuanto a los "llanitos" (gibraltareños), todo lo cejarán en sus instituciones propias militares más que civiles con la esperanza de que sea el Gobierno español quien pague el pato de esta siniestra boda. Ni la embajadora británica en Madrid ni el Foreign Office en Londres querrán o podrán hacer algo. Una vez más serán los llanitos, campogibraltaños, andaluces e ibéricos quienes paguen este escándalo.
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