Por primera vez en España, se ha celebrado un juicio contra el creador de tres programas P2P de intercambio de archivos, Pablo Soto, algo que no está sancionado en la Ley actual. El abogado de Soto, David Bravo, ha explicado a EL IMPARCIAL que "primero intentaron demandar a los usuarios, luego se intentó con los intermediarios, y al final han demandado a Soto, que es el que menos responsabilidad tiene”. Además, ha asegurado que “lo próximo es ir de la mano con el Gobierno”.
Esta semana, y
por primera vez en España, se ha celebrado un juicio por la vía civil contra
Pablo Soto Bravo, creador de
“Blubster”, “Piolet” y “Manolito”, programas P2P que facilitan el intercambio de archivos.
El proceso se ha llevado a cabo por la vía civil, puesto que por la vía penal la legislación establece que no es delito la descarga de música si no existe ánimo de lucro y por la mala imagen que una hipotética pena de cárcel haría recaer sobre el sector.
Soto se defendió aludiendo a que él, como creador de estos programas, defendía la
"neutralidad de una herramienta que está diseñada para intercambiar archivos de cualquier tipo" y mantenía la teoría de que
"no se puede responsabilizar a los fabricantes del uso fraudulento que hagan los usuarios".
Además, recordó que Sony vende también aparatos reproductores y grabadores de imágenes y sonido.
Sin embargo, las discográficas
Warner, Universal, Emi y Sony-BMG, responsables de la demanda aludieron, según manifestó
Antonio Guisasola -presidente de la asociación
Promusicae que representa a las multinacionales-, a que Soto desarrolló sus aplicaciones informáticas "con evidente ánimo de lucro" y con "una conducta parasitaria" para obtener provecho de la obra de otros.
"Fue creado y se comercializa con la finalidad de intercambiar archivos musicales, por lo tanto alguna responsabilidad debe de tener. No es un programa que está colgado en la Red y ya está, sino que se vende y se actualiza constantemente", añadió Guisasola.
En las conclusiones del juicio, las discográficas han mantenido sus tesis y su petición de indemnización a Soto por valor de
13 millones de euros. La cantidad se estima del número de descargas, según los contratos facilitados por las discográficas, con un beneficio unitario por canción de 0,72 euros.
Aunque se preveía un juicio de larga duración, el juez Juzgado de lo Mercantil de Madrid que preside el caso ha estimado que la sentencia podría dictarse en junio. En cualquier caso, se espera con seguridad que ambas partes la recurran, elevándola a la Audiencia Provincial de Madrid.
David Bravo, abogado de Soto especializado en propiedad intelectual y derecho informático, ha explicado a
EL IMPARCIAL que
“se estaba intentando dar al juez opiniones equivocadas”, ya que “introdujeron trampas tecnológicas que varían lo que dice la Ley”.
Sobre esto, Bravo ha comentado que
“la Ley de Propiedad Intelectual es muy clara” y sólo penaliza al que “copia o transmite datos de forma directa”. Además,
“establece cuáles son las herramientas prohibidas, que sólo son las que se han desarrollado de forma específica para saltarse los sistemas anti copia de los productos”.
En el caso de Soto, los programas P2P que facilitan el intercambio de archivos no tienen como función avitar los sistemas anti copia, por lo que no serían ilegales.
A pesar de todo, David Bravo ha asegurado que “al juez le ha quedado claro cómo funciona el programa”, por lo que – ha comentado- “tiene una buena impresión y han quedado bien explicados sus argumentos”.
El propio
Pablo Soto explica en su blog que
“es tan evidente que no tiene sentido lo que pretenden las discográficas... Estar totalmente seguro de que no has hecho nada malo, definitivamente ayuda a defenderse”.
En esto también está de acuerdo David Bravo que ha comentado que
“Promusicae es consciente de que la demanda le crea una mala imagen, pero también crea miedo y por eso apuesta por ello”.
Soto critica, además, la afirmación de Promusicae de que "25 millones de personas pagan por usar sus programas", algo que tacha de “imaginario” y asegura “que él (Antonio Guisasola) lo sabe”.
También hace referencia y desmiente de forma tajante la acusación de que se ha lucrado con “las empresas que hay detrás para llevarse todo ese dinero a otro sitio, y así no tener que pagar los 13 millones de euros".
Con todo, el letrado ha considerado que de la actitud de las discográficas “se entiende que
primero intentaron demandar a los usuarios que descargaban la música y no pudo identificarlos,
luego se intentó con los intermediarios – las páginas web que introducen los enlaces de las descargas- y se archivaron las querellas,
y al final han demandado a Soto, que es el que menos responsabilidad tiene”.
Bravo ha explicado que la exposición de Promusicae sobre los hechos se ha limitado, no a hablar de la Ley, sino de
lo que ellos consideran que debería estar en la Ley.
“Lo próximo es ir de la mano con el Gobierno”, ha añadido Bravo a este diario, quién ha comentado que
lo único que les queda por hacer “es cambiar las normas del juego”.
Las cifras de la piratería en EspañaLas descargas de películas en España suponen el
18 por ciento del total mundial, según la
Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), a pesar de que sólo el 51 por ciento de los hogares tiene conexión a Internet, una cifra mucho más baja que el resto de países de la Unión Europea.
El segundo lugar lo ocupa Italia, con el 12 por ciento del total. Luego se sitúan Alemania, Francia o Finlandia, con cifras de entre el 5 y el 8 por ciento, y Suecia y Estados Unidos, que efectúan el 4 por ciento de las descargas mundiales. Además, según la FAP, España “es siempre el país con mayor número de descargas no autorizadas”.
En el año
2006, en España se descargaron
132.000.000 de películas y 12.000.000 de videojuegos, y en el “top manta” se distribuyeron 40.000.000 de copias. La FAP cifra
las pérdidas en 794.666.660 de euros en ventas de filmes y en 225.680.000 de euros en ventas de videojuegos.
En
2007, las descargas de películas
se incrementaron un 82 por ciento, hasta las 240.788.000 y los videojuegos crecieron
un 62 por ciento, hasta los 19.344.000. Las copias en el “top manta” se rebajaron hasta los 30.000.000.
Las pérdidas se elevaron a los 1.263.152.000 de euros, por el descenso de las ventas por el fenómeno de las copias de películas.
En
2008, las copias vendidas en las calles de las ciudades fueron 25.000.000. Las descargas de películas en la Red fueron 350.000.000 y las
pérdidas se cifraron en 1.050.000.000 de euros.
En cuanto a los videojuegos, se descargaron 4.000.000, con 280.000.000 de euros de pérdidas, y 500.000 copias se vendieron en el “top manta”, con pérdidas por ausencia de ventas de
5.845.000 de euros.
Desde que comenzó esta década, en nuestro país
han dejado de venderse dos de cada tres discos que se vendían,
un 64 por ciento menos, según Promusicae. Por ello, se decidió bajar el listón para otorgar Discos de Oro a los artistas, de 100.000 ejemplares vendidos se pasó a 40.000.
Los productores se quejan, además, de que el negocio digital no termina de arrancar en España, donde supone el 11,5 por ciento de las ventas, frente al 20 por ciento que supone en el resto de países.
Además, esta semana,
España ha entrado, por segundo año consecutivo, en la lista norteamericana de los 301 países que más piratean, en las primeras posiciones junto a Canadá, México, China y Rusia.
En
informe contra la Piratería Internacional del Congreso de Estados Unidos se identifica a los “países que
no han hecho suficiente para detener el robo de propiedad intelectual estadounidense".
"Estos países destacan por la extensión y gravedad de sus problemas de piratería que cuestan al país y a los millones de estadounidenses que trabajan en estas compañías miles de millones de dólares y porque la piratería en estos países es en gran medida el resultado de la falta de deseo político", añade el documento.
El Caucus dice que
la piratería "ha alcanzado en España un nivel epidémico y los autores carecen de las herramientas necesarias para hacer valer sus derechos en Internet, lo que socava el desarrollo del comercio legítimo y daña el sector" tanto en Estados Unidos como en el país europeo.
La conclusión del Caucus es que
la situación en España es "insostenible", por lo que solicitó al Gobierno español "que ejerza un liderazgo activo, trabajando con los autores y los proveedores de Internet para implementar prácticas razonables que protejan la transmisión legal" a través de la Red.
Con todo, Promusicae entiende que este documento coincide con las sesiones judiciales del caso Blubster contra Pablo Soto y se refugia en la afirmación del Caucus de que “mucha gente conceptúa el P2P en España como un fenómeno cultural aceptable y esta situación se agrava con la actuación del Gobierno que discriminaliza el intercambio de archivos”.
Por ello, Antonio Guisasola ha pedido al Ejecutivo que “tome cartas en el asunto de una vez por todas” y ha recordado que se ha pasado de más de 600.000.000 de euros en ingresos en 2001 a los 250.000.000 de euros en 2008.
Con el tiempo sabremos si el Gobierno hace caso a los usuarios y cede ante las presiones de los productores y creadores.