Sábado 23 de mayo de 2009
El Tribunal Constitucional ha permitido finalmente que Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos (II-SP) concurra a las próximas elecciones europeas. Semejante decisión no ha dejado indiferente prácticamente a nadie, provocando al mismo tiempo un sentimiento generalizado de rechazo que abarca a la práctica totalidad de la sociedad española. En un Estado de Derecho, las decisiones judiciales han de acatarse, con independencia del desagrado que el tenor de las mismas pueda producir. Dicho lo cual, conviene reflexionar acerca del itinerario que ha llevado a la formación proetarra a estar presente en la campaña electoral europea.
José Luís Rodríguez Zapatero, a través de su fiel Mariano Fernández Bermejo, relajó los resortes legales para que los nacionalistas radicales pudieran concurrir a las anteriores elecciones municipales vascas. La marca de ETA y sus franquicias -llámense Batasuna, ANV, PCTV o como se quiera, mismos perros con distinto collar- tuvo así representación municipal en un puñado de consistorios, con lo que eso supone de acceso a financiación y otros instrumentos de ayuda en su carrera criminal. Rotas las negociaciones con el entramado etarra, alguien desde Moncloa vio que ya era hora de volver a la sensatez y empezar a perseguir de nuevo a ETA en sus dos frentes: policialmente a los comandos, y políticamente a sus instrumentos institucionales. Fiscalía y Abogacía del Estado estrechaban cada vez más el cerco legal contra el terrorismo, como ya se hiciera en tiempos de Aznar.
La sombra de politización que se cierne sobre el Constitucional es demasiado alargada como para obviarla en una cuestión de semejante relevancia. El PSOE se apuntó un tanto al colocar en los puestos que quedaban vacantes a miembros de la carrera judicial sumamente afines. No en vano, hay asuntos de la máxima importancia sobre los que el TC aún debe pronunciarse, como el Estatut de Cataluña, recurso para cuya sustanciación no parecen ser de aplicación los criterios de celeridad que se han empelado para permitir que el terrorismo pueda tener voz en la Eurocámara. Sus Señorías sabrán, pero cualquier que eche un vistazo a la Ley Orgánica de Partidos verá que el mensaje político de Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos no se ajusta precisamente al espíritu de la ley. Doctores tiene la Iglesia. Y magistrados el Constitucional, elegidos a propuesta de PSOE y PP. La decisión disgusta a la inmensa mayoría y, por tanto, también demuestra la independencia del poder judicial. Bueno sería que los magistrados del Constitucional demostraran la misma distancia a la hora de pronunciar su sentencia en el Estatuto de Cataluña.