Las asociaciones judiciales aprueban la imputación del juez Garzón

Las principales asociaciones judiciales aprueban la decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite la querella por prevaricación que Manos Limpias presentó contra Baltasar Garzón, aunque dudan que prospere. El Partido Popular, protagonista de las últimas actuaciones del magistrado, se congratula de que "ni siquiera Garzón esté por encima de la ley" y considera la medida "valiente y ejemplificadora"

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella por prevaricación que el sindicato Manos Limpias presentó contra el juez Baltasar Garzón por considerar que éste se declaró competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo sabiendo que no lo era. "Esta sala, sin valorar ni prejuzgar lo sucedido, entiende que no se dan las condiciones para rechazar la admisión a trámite de esta querella", ya que "lo afirmado en la querella no es algo que 'ab initio' pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación, al menos como hipótesis que no se advierte sea ni absurda ni irracional", afirma el Alto Tribunal en el auto de admisión.

Manos Limpias presentó la querella contra Garzón el pasado 26 de enero, después de el Supremo hubiera archivado en octubre pasado por cuestiones formales una denuncia del sindicato por los mismos hechos, ya que la ley establece que los procedimientos penales contra magistrados deben iniciarse a partir de una querella y no de una denuncia.

¿Qué opinan las asociaciones judiciales?
Los portavoces de las asociaciones judiciales creen correcta la decisión del Supremo. Según ha manifestado a Efe el portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, hay motivos "suficientes" para admitir la querella, en la que se asegura que el magistrado de la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo a sabiendas de que no lo era. Gallardo añade que la investigación del Tribunal Supremo para determinar si hubo o no prevaricación será "complicada", porque "se están juzgando intenciones y si usó una ley con intereses espurios".

También la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, a través de su portavoz Antonio García, considera que de los hechos descritos en la querella "no se puede descartar la posible existencia de un delito de prevaricación". "Garzón no tiene más derechos que cualquier ciudadano de este país, pero tampoco menos", ha apuntado.

La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria también aprueba la admisión a trámite de la querella, pero considera que finalmente acabará archivándose. "Podrá ser discutible en tema de competencias, pero de ahí a una prevaricación me parece una exageración", ha apuntado su portavoz, Marcelino Sexmero.

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno, que espera asimismo que el Supremo archive el asunto y opina que "los hechos que sucedieron sobre la Memoria Histórica no se corresponden con exactitud con los contenidos en la querella" de Manos Limpias.

PP: se demuestra que nadie puede usar la justicia a su antojo
El PP cree que la decisión del Tribunal Supremo refuerza la idea de que "nadie puede utilizar a su antojo el Estado de Derecho". La portavoz del grupo popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha respondido así a la admisión a trámite de la querella de Manos Limpias. En su opinión, con la iniciativa del Supremo queda claro que "no hay ningún ciudadano", ni siquiera el juez Garzón, "que esté por encima de la ley" y, además, ha dicho que refuerza "dos cosas muy claras", en primer lugar que existe un Estado de Derecho que nadie puede utilizar según le convenga y, en segundo, que rige un principio de "responsabilidad de todos, incluidos los jueces, a la hora de hacer esa aplicación".

Nada más conocer este hecho, el PP ha emitido un comunicado en el que considera "valiente y ejemplificadora" la medida, que "refuerza y devuelve la confianza de muchos españoles" en la Justicia y el Poder Judicial, ya que demuestra que no hay inmunidad "para nadie que pretenda utilizar la ley de forma arbitraria".