Por la libertad en Baleares

La marcha que ayer al mediodía recorría las calles de Palma de Mallorca tenía como objeto hacer un llamamiento público en favor del derecho a elegir idioma, en defensa de la libertad lingüística y en contra de la imposición del catalán en la práctica totalidad de instituciones oficiales baleares. El caso del niño ibicenco al que no permitían expresarse en castellano destapó un buen número de hechos similares, a los que se unen los desafueros autoritarios en la política lingüística llevada a cabo por el PSOE en las islas. Todo ello desembocaba en la amenaza de un buen número de médicos adscritos al servicio balear de salud de abandonar las islas si les conminan a aprender catalán como requisito sine qua non a la hora de mantener sus puestos de trabajo. Algo tan esperpéntico debería concitar al mayor número posible, no ya de personas, de colectivos sociales cuya voz sea representativa. Fundamentalmente, porque la amenaza es sobre toda la población, con independencia de lo que voten.

Si bien la afluencia de público superó las expectativas de los organizadores, hubo ausencias notables. Las de los dirigentes –que no votantes- socialistas, lógicamente, ya que son los principales causantes del desaguisado lingüístico que impera en Baleares. Y, aunque asistieron destacados dirigentes populares, como el alcalde de Calviá o la guipuzcoana Regina Otaola, se echó en falta una presencia más concurrida del equipo de Rajoy. La tibieza del líder popular, siendo cuestionable en algunos asuntos, resulta intolerable en otros tantos, y éste es uno de ellos.

En el debate con Juan Fernando López Aguilar, Jaime Mayor Oreja realizaba una inequívoca y contundente defensa de la libertad a la hora de elegir idioma y el derecho a utilizar el castellano en cualquier ámbito e instancia, sin que su oponente supiera qué argumentarle. Normal, si se tiene en cuenta que lo que defendía Mayor Oreja era la libertad de que un español pudiese hacer uso del derecho a expresarse en su lengua dentro del territorio nacional. Una libertad y el ejercicio de un derecho reconocido en la Constitución y con el que está de acuerdo la inmensa mayoría de la ciudadanía, votantes socialistas incluidos. Pero el nuevo equipo de Rajoy parece no querer alzar demasiado la voz en según qué sitios, haciendo gala de unos complejos tan absurdos como perjudiciales para los intereses del PP. Ante una causa justa, la misión de un servidor público es defenderla sin ambages, en la calle si es preciso. Y no siempre desde las poltronas de Génova.