El fracaso de la mediación en América Latina

Si los gobiernos electos son reflejo de las sociedades presentes, el horizonte de la paz en los países con graves conflictos es aún distante, aún en países con democracias establecidas y ratificadas desde hace décadas.

Muchas veces los resultados electorales, o incluso las encuestas de opinión muestran cómo temas conexos con la paz o con la mediación no se encuentran en las agendas públicas, pero tampoco son del interés ciudadano en general.

Dado que el discurso mediador no genera los réditos electorales de hace diez años en gran parte de estos países, las instituciones formales que ejercen la función de canalización entre el ciudadano y el estado han relegado el tema de la paz a un rincón de las agendas públicas, aislando a la sociedad civil y disminuyendo la visibilidad pública de un asunto de suma importancia como este.

En la medida en que se ha aislado del circuito de lo público, son otros los discursos que ganan terreno y construyen narrativas sociales que también se alejan de la paz.

En América Latina, la época dorada del los procesos y acuerdos de construcción de paz en Centroamérica finalizó con amplias deudas sociales que hoy en día están marginadas de las agendas. En Colombia – donde se vive el conflicto más antiguo del continente – los acumulados de construcción de paz y estrategias de resolución o mediación han dado paso a una idea recalcitrante de la pacificación militar. En México el tipo de política librada en la lucha contra las drogas esconde un drama y en países como Perú, o Venezuela surgen nuevos escenarios conflictivos que riñen con la idea dominante de renunciar a la mediación a favor del orden público.

En todos estos casos los hechos son bastante claros: Más allá de la particularidad de cada país, todos estos contextos tienen en común la primacía de discursos nacionalistas y excluyentes que priorizan la intervención de fuerza del estado por encima de su capacidad de interpretación o mediación de los fenómenos sociales. La poca memoria presente en las encuestas de opinión o en los sondeos electorales, así como la fragmentación de América Latina no permite recordarnos que el tipo de soluciones que se pretenden implementar no tiene buenos resultados ni a mediano ni a corto plazo. Por el contrario, los problemas se perpetúan mientras aprendemos a convivir con los ciclos violentos bajo el sofisma de la seguridad.

Son muy claras las similitudes en los discursos que se aclaman desde las urnas o las tribunas. La seguridad como valor máximo de una sociedad y la creación de enemigos sociales como causa común son los dos argumentos principales entre los cuales se debate la opinión. El cambio del lenguaje tanto en las campañas políticas como en el ejercicio de la política pública hace parecer los fenómenos sociales como amenazas a eliminar, sin intentar siquiera establecer algún tipo de vínculo que los explique, los interprete o abra la puerta al diálogo.

Esto explica porqué se hace complicado el diálogo entre contradictores, en tanto cada posible emergencia social es catalogada como parte de el “enemigo social” e inmediatamente se prioriza el tratamiento de orden público con la aprobación de amplios sectores de la sociedad. Las recientes movilizaciones indígenas en Perú son expresión de un conflicto latente que ha perdido posibilidad de comunicarse con la parte de la sociedad que no participa de el. Pero en la medida que se margina y se invisibiliza la existencia de la idea de conflicto a favor de la amenaza, la consecuencia lógica es el desencadenamiento de la violencia con las consecuencias humanitarias que hemos visto en los últimos días.

Pero el caso colombiano sigue siendo uno de los más graves, especialmente cuando no solamente la idea de “enemigo social” sigue siendo la predominante, sino cuando las características culturales y sociológicas construidas en los últimos diez años son suficientes para que la sociedad tome la decisión de tolerar la corrupción, la criminalidad y sobretodo la violencia a cambio de mantener el imaginario de la guerra como valor representativo de todo el orden social.

No se explica de otra forma que mientras las guerrillas son percibidas por la población como uno de sus menores problemas en su vida cotidiana, el narcotráfico, los vínculos criminales de la política o el paramilitarismo no tenga ninguna condena política o social.

Pero se elije no en función de las necesidades, o de la representación de intereses, sino en función de la identificación con un lenguaje que ha ganado suficiente terreno para que la política en los próximos años transite de forma dependiente por el camino que hemos andado. Desafortunadamente se ratifica que al menos durante un período considerable, ese camino no será el de la solución de los conflictos.