La sombra de las ‘Torres Kio’

El caso Urbanor comienza en 1998 cuando tienen lugar una serie de irregularidades en las transacciones para la construcción de la ‘Puerta de Europa’ de Madrid, más conocida como las 'Torres Kio'. Concretamente, las anomalías se dieron cuando Urbanor vendió los terrenos de Plaza Castilla al grupo kuwaití KIO. La operación se firmó en Londres a través de Alberto Alcocer y de Alberto Cortina, 'los Albertos', que contaron a los socios minoritarios que había sido por 150.000 pesetas el metro cuadrado, cuando en realidad ellos habían cobrado a razón de 231.000 pesetas el metro cuadrado.

El capital de Urbanor se repartía de la siguiente manera: Construcciones y Contratas, gestionado por 'los Albertos', con un 40 por ciento de las acciones, Astor (32 por ciento), Construcciones San Martín (14 por ciento) y Horwitz (14 por ciento).

El 29 de diciembre de 2000, la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia condenatoria contra los primos ratificada por el Tribunal Supremo el 14 de marzo de 2003, que les imputó tres años y cuatro meses de cárcel por delitos de estafa y falsedad documental, cometidos contra los accionistas minoritarios de Urbanor. En esta sentencia se afirmó taxativamente que, en la compraventa de esos terrenos KIO pagó un único precio de 231.000 pesetas metro cuadrado y no dos distintos, y otro de 150.000 para los minoritarios, como arguyeron los primos. En esta discrepancia se basa el texto de la supuesta carta milagrosa aparecida un día en el buzón de Gloria Álvarez, según el cual Pedro Sentieri y la familia San Martín supuestamente reconocían haberse confabulado para ocultar que, en efecto, conocían la existencia de dos precios distintos. Esta carta falsa fue fechada el 2 de octubre de 200, 25 días antes del juicio contra Cortina y Alcocer, y fue realizada utilizando un folio en blanco en el que figuraba el autógrafo original de Pedro Sentieri estampado sobre la palabra "Firma". Los peritos de la Guardia Civil demostraron que la carta había sido manipulada y que las máquinas impresoras del texto y de la "Firma" también eran distintas.

Desde entonces, los perjudicados han cobrado el 40 por ciento de la deuda reconocida por los tribunales de justicia, porcentaje que corresponde al principal de la misma, pero ni un euro de los intereses devengados desde la fecha de la estafa, equivalentes al 60 por ciento de la cifra total.