Madrid

Controvertida externalización de servicios

EN ESTA LEGISLATURA, POLIDEPORTIVOS, PARKINGS Y CENTROS DE MAYORES

Jueves 21 de febrero de 2008
Quizás la política de externalización de servicios públicos que el Ejecutivo municipal está llevando a cabo, desde la pasada legislatura, sea una de las acciones del Gobierno de Gallardón que más controversia ha suscitado. Manifestaciones, recogida de firmas y hasta una "rata privatizadora" para protestar contra lo que los detractores denominan privatización de servicios.

Externalización para el Ayuntamiento y privatización para los que no comulgan con esta iniciativa, pero en esencia, lo que el Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón está haciendo no es tan descabellado. La mayor parte de las administraciones públicas están externalizando servicios a terceros.

Para el director de Proyectos de Inversión en el Ayuntamiento, Juan Alfaro, hay que tener claro que el Consistorio tiene que "proveer servicios al ciudadano, sin embargo, no tiene porque producirlos". Alfaro se ha mostrado convencido de que al ciudadano le es indiferente quien le ofrezca el servicio y que lo que en realidad le importa es que esas prestaciones estén a su disponibilidad. De hecho, ha confirmado que expertos en sociología y opinión han revelado al Ayuntamiento que el usuario no nota diferencia entre un servicio producido por funcionarios y otro llevado por un tercero.

El porqué de esta política se resume en dos factores clave, según Alfaro, por un lado, externalizar resulta más barato y supone un ahorro de costes al Consistorio y, además, supone un aumento de la eficiencia en el servicio ya que se contrata a empresas especializadas en el sector que van a desempeñar.

Respecto al rechazo mostrado al respecto, Alfaro, recuerda que "servicios como la limpieza, recogida de basuras o la seguridad en las sedes institucionales, históricamente se han externalizado sin suscitar ninguna controversia".


Servicios públicos a externalizar en esta legislatura

En esta legislatura, la actuación de externalización se centrará en tres prestaciones concretas. En primer lugar, los aparcamientos públicos que a través de concesiones construirán y explotarán terceros. A continuación, se abordarán los polideportivos, desde algunos que están ya funcionando a todos aquellos de nueva construcción. Y por último, los centros de mayores, de los que ya muchos de ellos funcionan a través de empresas externas.

Las claves de la polémica

Por un lado, los trabajadores y funcionarios que ejercen en los centros que serán cedidos a empresas privadas para su gestión. La portavoz adjunta del grupo municipal del PSOE, Noelia Martínez, ha confirmado a EL IMPARCIAL que en conjunto son 609 trabajadores públicos los que se verán afectados por esta política municipal. Con la medida calificada por el PSOE como "privatización encubierta de servicios", en palabras de Martínez, "Gallardón ha despreciado al personal del Ayuntamiento" y a su juicio "ni se mejora la atención al ciudadano ni aumenta la eficacia".

Por otro lado, el coste que supondrá la externalización de servicios al Consistorio. La portavoz socialista apunta a que "el Ayuntamiento se está convirtiendo en una gran UTE (Unión Temporal de Empresas), una empresa que coordina la contratación de otras privadas para ofrecer servicios municipales, que poco a poco están perdiendo la calidad que tenían y están subiendo costes a un nivel desproporcionado". Sin embargo, desde el Consistorio, Alfaro, ha afirmado que "la externalización no supone ningún coste adicional al Ayuntamiento", a los que ya tienen tales como la luz o el mantenimiento.

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Ángel Pérez, ha apuntado "que los madrileños pagan dos veces, a causa de esta política, por los mismos servicios ya que se paga a las empresas concesionarias mientras que se posterga a unos funcionarios a los que, obviamente hay que seguir pagando".

Respecto a un incremento en el precio del servicio para los usuarios, Alfaro ha confirmado que los adjudicatarios para gestionar estas prestaciones estarán sujetas a las tarifas que marque el Ayuntamiento, por lo que no habría diferencia con los gestionados por funcionarios.

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