Honduras: más complejo que un golpe militar

Las incendiarias declaraciones del recientemente depuesto presidente hondureño, Manuel Zelaya, eran predecibles, incluso comprensibles, desde su punto de vista, pero poco ayudan al restablecimiento de la calma institucional en su país y a la inteligencia de lo ocurrido. Trasladado por la fuerza a Costa Rica, desde donde salió rumbo a Nicaragua, el señor Zelaya está utilizando la plataforma de la Organización de Estados Americanos para condenar lo que denomina un “brutal golpe de estado”: una descripción respaldada no sólo por los gobiernos autocráticos y populistas de Bolivia, Cuba y Venezuela, sino, con matices, por una parte mayoritaria de la comunidad internacional.

Sin embargo –y a pesar de la mueca desagradable del cuartelazo- las cosas son menos simplistas. Conviene recordar que el detonante de toda esta situación fue el intento por parte de Zelaya de llevar a cabo un referéndum para modificar la Constitución y perpetuarse en el cargo. A los efectos, el depuesto Presidente pretendió aprovechar la coincidencia de unas elecciones parciales para colar de matute una cuarta urna en donde se plebiscitara su reforma. Una lectura elemental de la Constitución Hondureña basta para evidenciar la absoluta ilegalidad del contenido y procedimiento de la reforma constitucional del Presidente. El pulso –que viene arrastrándose desde el pasado marzo- ha ido enfrentando a Zelaya con casi todos los poderes e instituciones del país: empezando por el Tribunal Supremo y el Congreso y siguiendo por el Tribunal Electoral y su propio partido, hasta llegar al Ejército. No obstante, es significativo que los militares comenzaran su intervención –o más bien inacción, en un principio- a instancias del Supremo que ordenó a todas las instancias oficiales –el Presidente incluido- de abstenerse de prestar cualquier apoyo técnico a una consulta que había declarado inconstitucional. La remoción del Presidente también ha tenido su apoyatura constitucional en el Judicial y en el Legislativo. Otra cosa –que no es baladí- es que en ambas instancias se hayan respetado los requisitos y plazos de la propia legislación vigente. Mucho más cuestionable aún resulta que un pelotón militar, aún apoyándose en órdenes del Judicial y del Legislativo, poco menos que secuestren al depuesto Presidente en su casa y lo expulsen al país vecino.

En todo caso, el escenario dista de ser un golpe militar aborrecible por brutal y simplista. En demasiados países de América se está implantando una vía plebiscitaria a la autocracia sumamente preocupante. La democracia pluralista à la occidental no es un plebiscito cada cuatro o cinco años con vacaciones legales entremedias en que todo vale. El respeto a la independencia y división de poderes y el funcionamiento del estado de derecho son fundamentales. Sin ellos habrá votaciones, pero no elecciones y, sin elecciones, no hay alternancia posible ni libertad real.