Honduras llevaba poco más de 30 años sin conocer lo que era un golpe de Estado. El último tuvo lugar en 1978, cuando el triunvirato conformado por Policarpo Paz García, Domingo Álvarez Cruz y Amílcar Zelaya Rodríguez, constituyeron una Junta Militar con el objeto de destituir al coronel Juan Alberto Melgar Castro, la cual tendría el mando hasta 1982, año en que se celebraron las primeras elecciones civiles en el país. A partir de ese momento, y tras haber estado sumida a lo largo de un siglo en regímenes militares, la sociedad hondureña comenzó a poner en marcha el experimento que supone la democracia, hasta la fecha.
Honduras llevaba
poco más de 30 años sin conocer lo que era un golpe de Estado. El último tuvo lugar en 1978, cuando el triunvirato conformado por Policarpo Paz García, Domingo Álvarez Cruz y Amílcar Zelaya Rodríguez, constituyeron una Junta Militar con el objeto de destituir al coronel Juan Alberto Melgar Castro, la cual tendría el mando hasta 1982, año en que se celebraron las primeras elecciones civiles en el país. A partir de ese momento, y tras haber estado sumida a lo largo de un siglo en regímenes militares, la sociedad hondureña comenzó a poner en marcha el experimento que supone la democracia, hasta la fecha.
El golpe militar que tuvo lugar en los pasados días contra el presidente, Manuel Zelaya, no sólo despertó los fantasmas de un pasado que cada vez se vislumbraba más ajeno al presente, sino que desató el dilema sobre la legitimidad de una actuación que responde más al consenso de los poderes Judicial y Legislativo,- garantes de la legalidad institucional, el cumplimiento e interpretación de la Constitución-, que a una acción puramente militar.
El cuartelazo del pasado fin de semana, no es resultado de
un choque espontáneo entre Zelaya, el Presidente del Congreso, Roberto Marchiletti, y el Tribunal Supremo (TS). Las tensiones entre el Ejecutivo con el resto de los poderes del Estado, comenzaron a germinar a finales de marzo cuando el mandatario convocó en el Congreso de Ministros, una consulta popular con el propósito de darle cabida a una reforma constitucional que le permitiría optar por la reelección presidencial una vez cesado su mandato de cuatro años. Una posibilidad que no admite la vigente Carta Magna hondureña.
Razón por la cual, el mandatario no dudo en enmascarar sus intenciones introduciendo una cuarta urna electoral en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con el objeto de llevar a cabo un referéndum para una reforma constitucional que, de ser votada a favor, beneficiaria los planes de Zelaya de continuar en el poder.
El rechazo que generó dicha iniciativa no se dejó esperar. Tanto el Congreso como el TS manifestaron su negativa ante un proyecto que claramente vulneraba la legislación hondureña. Ambos organismos expusieron que la manipulación de unos comicios para inducir una reforma constituyente atentaba explícitamente con el cumplimiento de
los artículos 373 y 374 de la Constitución. El primero de dichos artículos señala que la reforma de la Carta Magna “podrá decretarse por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros”. Por tanto, llevar a plebiscito un referéndum constitucional es una acción irregular. Mientras que el segundo, establece que “no podrán reformarse los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período subsiguiente”.
No obstante, y pese a que tanto el Congreso como el Supremo de ese país han argumentado que el Presidente carece de la potestad jurídica para convocar a una consulta popular que inste a un cambio de Constitución, Zelaya no se amilanó y continúo con sus planes hasta el último domingo de junio. Plazo establecido por el propio mandatario, para obtener el sí de los hondureños para instalar la urna del “comodín” en las generales de noviembre.
Pero el Presidente centroamericano, cada vez
más próximo a su homólogo venezolano, Hugo Chávez, no iba a tener el camino libre.
Tres meses antes del inusitado golpe militar que dejó al Ejecutivo en jaque, la tensión ya había comenzado a respirarse en el pleno del Congreso, al extremo de convertirlo en un estado de sitio. Micheletti y Zelaya, ambos del Partido Liberal de Honduras, se declararon técnicamente la guerra, en un fuego cruzado de acusaciones. El terreno estaba minado. Todo podía pasar si Manuel Zelaya no rectificaba.
Sin embargo esto no ocurrió, y a medida que se acercaba el domingo 28 de junio el Congreso pudo hallar un mecanismo que le permitiera dosificar la injerencia de Zelaya en la legislación hondureña. Es por ello, que el 24 de junio el hemiciclo aprobó una ley que regula los procesos refrendarios y de plebiscitos en ese país, lo que en cierta medida frustró de abruptamente los planes de Manuel Zelaya, ya que esta ley impide la realización de la citadas consultas
180 días antes y después de los comicios generales.
Esto terminó por empeorar aún más la situación. Al día siguiente, el primer mandatario ordena la destitución del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de las Fuerzas Aéreas Romeo Vásquez, por oponerse claramente al Ejecutivo. Una medida que fue inmediatamente revertida por la Corte Suprema que admitió dos recursos de amparo para suspender la destitución de Vásquez . Ante un panorama que mostraba más señales de confrontación que apaciguamiento, el Ejército tomó el control de las calles para evitar manifestaciones que pudieran desencadenar disturbios, días previos a una consulta que nunca llegó a celebrarse.
El domingo 28 de junio, los hondureños se desayunaron con la noticia de que Manuel Zelaya fue detenido por orden judicial por las Fuerzas Armadas, y trasladado a Costa Rica, así, sin más. Lo que había comenzado como una rigurosa
“sustitución constitucional” comenzó a vislumbrarse como un burdo golpe de militar, que según los analistas políticos no muestran el fondo y la forma de serlo, pero que ha dejado en el camino una estela de interrogantes en vez de respuestas.
El exilio forzado de Zelaya más que un mecanismo para desembarazarse de un dirigente que constantemente incumplía la Constitución del país que regía, fue una metida de pata que
ha puesto en entredicho ante la comunidad internacional, la autoridad del Congreso y el Supremo hondureño, y por ende del gobierno interino de Micheletti. Mientras, Manuel Zelaya, no ha dejado de capitalizar su circunstancia , haciendo marcketing de sí mismo como la víctima de un cuartelazo que atenta contra lo que él denomina un “proyecto democrático”. Una situación que promete agudizarse, debido a que los principales organismos hemisféricos en la región como la Organización de Estados Americanos (OEA), el MERCUR, UNASUR, el Sistema de integración Centroamericana (SICA), el Grupo de Río, y por supuesto, la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), condenan al unísono la actuación del Ejército y las autoridades hondureñas. Sin dejar a un lado que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó los eventos del pasado fin de semana como “ilegales”.
El panorama se muestra aún muy complejo para establecer conclusiones.
Habrá que ver si Zelaya arribará finalmente este jueves a Tegucigalpa, tal como anunció, a fin de continuar con sus planes, o si se encontrará con un gobierno, que pese a correr el riesgo de ser vetado por la comunidad interamericana, se mantendrá firme en velar por la vigencia de una Constitución que promueve la alternancia y desestima la perpetuidad de sus dirigentes en el poder.