[i]Juicio a Camps y responsabilidades políticas[/i]

Si la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia no lo remedia, el actual presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, podría sentarse en el banquillo de los acusados el próximo día 15 de julio. El recurso presentado ante dicha Sala es el último cartucho que le queda al mandatario popular, antes de ver cómo toda su trayectoria -e indirectamente, la de la plana mayor del PP actual que le apoya- se pone en entredicho por cuatro trajes y un par de zapatos. El ilícito penal en el que presuntamente habría incurrido Camps es el llamado “cohecho pasivo”, que recoge el artículo 428 del Código Penal. Según dicho precepto, “la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses”.

Es el único precepto en el que podría subsumirse una presunta conducta irregular del presidente de la Generalidad Valenciana. Ocurre que el propio auto de procesamiento negaba la mayor, al admitir que no hay prueba alguna que vincule la aceptación de los trajes con supuestas adjudicaciones o tratos de favor. Todo ello ha sido aireado por doquier, pero sin respaldo judicial -ni jurídico- alguno. Sin embargo, aunque la cuestión no sea de cuantía, lo es de imagen y estilo —cuestiones que tienen una trascendencia política indudable que el señor Camps, en particular, y el PP, en general, deben entender y depurar. Lo cierto, es que hace ya tiempo que lo deberían haber hecho.

¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? Si Camps sale absuelto, el daño a su imagen y, en buena medida, a la del PP, tendrá difícil arreglo. Si no es así, será la primera vez en la historia de la democracia española que la imposibilidad de dar con las facturas de cuatro trajes tiene como consecuencia la caída en desgracia de todo un presidente autonómico. En ese caso, la dimisión de Camps —en nuestra opinión políticamente ineludible- no debería de ser la única. Cuando el barco se hunde, van a pique tanto el capitán como la tripulación. Y, en este caso, el armador ha manifestado en público y en privado su apoyo a Francisco Camps. Muy claro debe de tenerlo Rajoy para embargarse hasta ese punto. De cualquier modo, lo deseable sería que, tanto en esta como en otras causas donde estuvieran envueltas personalidades políticas -no importa de qué partido- la instrucción de los sumarios fuese secreta y estanca, sin filtraciones ni contaminaciones públicas. Resulta además exigible -sobre todo para actividades profesionales en que la imagen es fundamental- que estos casos se ventilen con especial celeridad, porque, de producirse esta combinación de filtraciones y dilaciones, la indefensión es evidente y el daño irreparable.