El pozo sin fondo de las autonomías

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, tras varios intentos fallidos, remitía ayer domingo a las Comunidades Autónomas el nuevo modelo de financiación autonómica. Nada nuevo, por cuanto las particularidades de dicho modelo eran ya de sobra conocidas por todos. A la espera de se reúna este miércoles el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para dar su aprobación, todo parece indicar que el nuevo ingenio financiero saldrá adelante. Siendo preocupante la política despilfarradora y de parches levada a cabo por Moncloa, es aún peor el engorde de la voraz maquinaria autonómica, auténtica sangría de la economía española.


Uno de los textos legislativos más claros y mejor estructurados de todo el ordenamiento jurídico español es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Basta echar un vistazo a su articulado para ver que la capacidad de maniobra del ejecutivo central con respecto a los autonómicos es sumamente amplio. Lejos de utilizar semejante instrumento, José Luís Rodríguez Zapatero ha optado por otorgar mercedes a diestro y siniestro, fundamentalmente a Cataluña y Andalucía. Tan es así, que el proyecto presentado por Elena Salgado cuenta ya con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, lo cual dice mucho de la liberalidad de dicho proyecto.


Zapatero pierde así una oportunidad de oro para paliar dos importantes problemas: la crisis económica y la voracidad autonómica. En el primer caso, es sabida la negativa de Moncloa a adoptar medidas que puedan incomodar a alguien, aún a costa de renunciar a hacer lo más conveniente para la buena marcha del país. En el segundo, la obsesión de Zapatero por vaciar de contenido al Estado en detrimento de las comunidades autónomas ha hecho que éstas consuman los recursos públicos a espuertas, generando al mismo tiempo una deuda que avanza a pasos agigantados. Es de temer que el señor Zapatero se apresure a dar lo que no tiene y a quien no debe. En tiempos de crisis, el sentido común dicta que lo mejor es una política de austeridad y control, algo por lo que no se caracteriza precisamente la administración autonómica. En este contexto político, no debe extrañarnos que la salida de la crisis se retrase y se complique.