Las comunidades del PP no apoyarán este miércoles la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica, que consideran una "chapuza", aunque no han concretado si en el Consejo de Política Fiscal y Financiera votarán en contra o se abstendrán. El presidente de la formación, Mariano Rajoy, les ha instado a defender "sus intereses propios".
El presidente del PP, Mariano Rajoy, cargó este martes duramente contra el nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno, que definió como una "
gigantesca chapuza" con el que el "caos está servido". No obstante, animó a sus comunidades autónomas a que defiendan "sus intereses propios", justificando así la posibilidad de que el miércoles opten por la abstención en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El
responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, y el
vicesecretario autonómico, Javier Arenas, han convocado este martes a sus consejeros para debatir este asunto y han acordado rechazar el modelo porque rompe la solidaridad y adolece de "falta de equidad".
A pesar de las críticas al modelo de financiación, el PP se abstendrá en la votación
En este sentido, según publica
El País, Madrid, Valencia y La Rioja optarán por el no, mientras que Galicia y Castilla y León se decantarán por la abstención. Murcia no se ha pronunciado por el momento, si bien se piensa, según el diario, que está a favor de la abstención.
Una de las comunidades del PP que más ha recalcado su rechazo ha sido Madrid que, en boca de su
consejero de Hacienda, Antonio Beteta, se ha preguntado por qué "un catalán vale más de dos veces que un madrileño". Beteta ha calculado que su comunidad recibirá 1.700 millones adicionales, mientras que la cifra para Cataluña alcanzará los 3.800.
Otra comunidad que rechaza de plano el documento que ha remitido el Ministerio de Economía es la Valenciana, aunque su
responsable económico, Gerardo Camps, ha dejado claro que no renunciará "a un sólo euro" de lo que le corresponde a sus conciudadanos, que con el modelo propuesto se convierten, a su juicio, en "ciudadanos de segunda".
Desde Galicia, el
titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el nuevo modelo "no es para los ciudadanos, sino para mantener los gobiernos" central y catalán, y ha avanzado que su comunidad reclamará más dinero para atender a los 400.000 emigrantes gallegos residentes en el exterior.
Murcia, por su parte, piensa pedir explicaciones al Ejecutivo al considerar que el modelo penalizará a las comunidades que bajen impuestos, como ha hecho esta región, mientras que
La Rioja apuesta por enriquecer el documento con las aportaciones que puedan realizarse a partir de mañana. Su presidente, Pedro Sanz, estima que debe reabrirse la negociación, al igual que opina la Junta de Castilla y León, que planteará de forma irrenunciable un aumento de los recursos que le corresponden.
Ceuta, también gobernada por el PP, se ha desmarcado de la postura general del partido y dará su voto positivo "siempre y cuando" el Estado "ceda" 15 millones de euros más a la ciudad autónoma, mientras que Melilla ha considerado que la propuesta está "lejos" de lo que se merece.
"Falta de garantías"Al tiempo que han criticado el método seguido por el Gobierno, las comunidades autónomas gobernadas por el PP han censurado la "falta de garantías" que en el nuevo modelo aprecian con vistas a mantener la financiación en el futuro. Aseguran que desconocen las cifras y manifiestan que
el sistema es "fruto de un pacto con un partido, ERC, y no de un pacto de Estado".
Tras la reunión mantenida este martes, han desgranado unas conclusiones: primero, es un
modelo "insolidario" por cuanto "los recursos adicionales van a parar a las comunidades más prósperas"; segundo, "castiga" las bajadas de impuestos que se hayan adoptado en algunos territorios y las que se puedan aprobar en lo venidero.
Tercero, el PP entiende que el Gobierno, con este sistema, "se desentiende de la dependencia y carga" en las propias comunidades "todo el coste de las prestaciones" por este servicio: y cuarto, según la nota de prensa, el modelo se caracteriza por la "
arbitrariedad", ya que "favorece" a determinadas comunidades.
Además, el PP pone el acento en la
falta de garantía de suficiencia dinámica, es decir, de la prestación eficiente de los servicios en caso de eventualidad, y en que el diseño es "poco transparente y complejo".