El chantaje de la financiación autonómica

La abstención de las comunidades gobernadas por el PP ante el modelo de financiación autonómica diseñado por el PSOE va a ser utilizada por los peones del señor Zapatero como argumento de desgaste. Lo cierto es que, de haber sido otro el sentido del voto popular en el Consejo de Política Económica y Fiscal, las críticas serían igual de descarnadas. Y es que el nuevo sistema en sí, aparte de su elevadísimo coste, es un demoledor instrumento de insolidaridad fiscal que contiene, además, una peligrosa trampa: quienes se nieguen a aceptarlo, perderían el derecho a percibir un dinero al que a ninguna autonomía quiere renunciar.

De este modo, la abstención era la única opción válida a la que el PP podía aferrarse. No era de recibo que las comunidades autónomas con gobiernos populares perdiesen dinero por la trampa socialista. Pero, al mismo tiempo que Rajoy acierta con su planteamiento a la hora de la votación, debería emplear la misma energía en poner sobre la mesa las cifras de la discordia. Por ejemplo, recalcar que frente a los 3.800 millones que percibirá Cataluña, a Extremadura le corresponderán poco más de 200. El PP debe perder los complejos a la hora de denunciar un disparate fiscal que lleva aparejados derroche y desigualdad a espuertas, con independencia de que Cataluña y Andalucía sean las más beneficiadas. Que ambas comunidades sean los principales caladeros de voto socialista no puede frenar la necesaria crítica del principal partido de la oposición, demasiado timorato cuando de ciertos territorios se trata. Y es que, en materia de política fiscal, han de primar los ciudadanos por encima de los territorios, algo que José Luís Rodríguez Zapatero ignora sistemáticamente.

Por no hablar de que, en un asunto de semejante relevancia, lo suyo hubiera sido que PSOE y PP uniesen sus más de veinte millones de votos -traducidos a escaños, entre ambos suman 324 de los 350 con que cuenta el Hemiciclo. Ese, el acuerdo constituyente entre los dos grandes partidos, ha sido la clave constitucional, hasta que el señor Zapatero decidió, hace años y en el pacto del Tinell, cambiar de socio constituyente, sustituyendo los diez u once millones del PP por apenas uno de los nacionalistas. Y, ahora, no puede escapar de su propia trampa: el acuerdo con un partido secesionista, Esquerra Republicana de Cataluña, que no supera los 200.000 votos. Para rematar el despropósito, si bien la lluvia de millones se reparte con criterios territorio-electorales, que no democráticos, la financiación del déficit que ello genera la pagarán todos los ciudadanos españoles con un incremento fiscal regresivo que prolongará el paro. No puede haber peor receta para salir de la crisis.