por una subvención a la empresa de su hija
Jueves 16 de julio de 2009
El Partido Popular ha presentado este jueves ante el Tribunal Supremo una ampliación de la querella por prevaricación que había interpuesto contra el ex presidente andaluz y actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, en relación a la concesión de una subvención pública a Matsa, en la que trabaja su hija. Denuncian que el ex jefe del Ejecutivo regional intervino ante las autoridades competentes para que dicha empresa consiguiera el incentivo.
La querella, a la que ha tenido acceso Efe, va dirigida contra Manuel Chaves y no contra su hija Paula, como inicialmente ocurría, aunque pide al Tribunal Supremo que ésta sea citada a declarar como testigo.
También se dirige contra "cualesquiera otras personas que en fase de instrucción aparezcan como coautoras, cómplices o encubridoras" de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
La querella contra Chaves se basa en el hecho de que, durante su etapa como presidente de la Junta de Andalucía, la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), de la que su hija es apoderada, recibió una subvención superior a los diez millones de euros.
La denuncia fue registrada el pasado 24 de junio en el Alto Tribunal por el PP, que al día siguiente informó de que había decidido retirarla con el objetivo de ampliarla en los próximos días "con los nuevos datos" obtenidos. Estos nuevos datos, según aseguró en un comunicado, procedían de la copia que había recibido del expediente sobre la subvención que la Junta de Andalucía concedió a la empresa Matsa.
En el escrito inicial se imputaba a Chaves y a su hija los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, además de la posible existencia de malversación de caudales públicos.
Finalmente, en el escrito presentado este jueves, se asegura que el entonces presidente de la Junta de Andalucía no se abstuvo en el trámite de aprobación de la subvención concedida "a pesar de conocer de modo indubitado" que su hija era responsable del departamento jurídico de la empresa favorecida con esa resolución, que, según el PP, "no se ajustaba a Derecho".
Añade, respecto al delito de tráfico de influencias, que Chaves, prevaliéndose de su condición del jefe del Ejecutivo andaluz, intervino ante las autoridades competentes "de cara a que Matsa consiguiera el incentivo", que "venían solicitando años atrás con resultados rotundos de denegación".
Según fuentes del Tribunal Supremo, el Alto Tribunal ha dado al PP un plazo de cinco días, que finaliza el próximo 22 de julio, para que ratifique esta querella.
El sindicato Manos Limpias también ha presentado una denuncia por estos hechos, que la Fiscalía Superior andaluza ha remitido al Tribunal Supremo.
TEMAS RELACIONADOS: