La imprescindible reforma de la Ley del Menor

El presidente del PP, Mariano Rajoy, hacía pública este sábado su intención de presentar una moción parlamentaria que permita reformar la Ley del Menor. Está aún reciente el terrible suceso –que, por desgracia, no es un caso aislado- acaecido en Córdoba, donde una niña fue violada por otros menores. El cruel asesinato de Sandra Palo, del que sus autores confesos apenas purgaron unos pocos años en un centro de menores y otros tantos delitos perpetrados por menores son sólo la punta de un iceberg realmente preocupante. De hecho, hay bandas de delincuencia organizada que cuentan con menores para que lleven a cabo determinados actos, sabedores de que su imputación será sumamente benigna.

La Ley del Menor fue uno de los mayores despropósitos legislativos del gobierno socialista. Con todo, este tipo de dislates no son nuevos. Puede decirse que su origen está profundamente enraizado en cierto sector de cierta doctrina jurídica supuestamente progresista -por lo demás, significativamente minoritario, en un ambiente bastante más sensato y realista de lo que se pueda pensar- excesivamente complaciente con el delincuente. Abogan por penas privativas de libertad lo más reducidas posibles y por facilitar permisos de fin de semana y demás beneficios penitenciarios antes casi de que el reo ingrese en prisión. Por lo que respecta a los menores que delinquen, prácticamente es como si no hubiesen cometido delito alguno. Su condena no puede rebasar los 4 años en un centro de libertad vigilada, pasados los cuales su deuda estará saldada.

Y, por más que el legislador mire hacia otro lado, no puede obviarse el hecho de que hay menores que delinquen. Cada vez más, habida cuenta de lo barato que les sale. Y sí: es un problema con un componente social indudable y las medidas educativas son absolutamente recomendables pero, a la vista está, insuficientes. Quien tiene capacidad para delinquir, también debe tenerla para afrontar las consecuencias de sus hechos. No es muy probable que todos estos razonamientos vayan a calar en la bancada socialista, por lo demás reticente a cualquier reforma penal. Pero la realidad y el sentido común aconsejan tomar medidas lo antes posible. Antes de que otro terrible suceso sacuda la conciencia colectiva de España.