Los episodios de violaciones a menores en Baena e Isla Cristina han reabierto la polémica sobre si se debe endurecer la Ley del Menor. El último de los presuntos delitos se ha saldado con dos internados, dos acusados en libertad y un quinto menor en libertad vigilada. El Partido Popular pide una reforma de la norma, y el Socialista responde que no se puede legislar en caliente. Conozca la opinión de políticos, jueces y psicólogos.
Las violaciones de dos niñas en los últimos días cometidas supuestamente por sendos grupos de menores ha reabierto el debate sobre la necesidad de endurecer las consecuencias penales previstas en la
Ley del Menor para los autores de estos delitos. La mayoría de edad penal está en España en los 18 años, aunque la legislación establece que a partir de los 14 se pueden exigir responsabilidades. Únicamente los
menores de 14 quedan exentos de esa exigencia de responsabilidad por los delitos que cometen porque el legislador consideró que, cuando las infracciones son cometidas por niños que no alcanzan esa edad, se debe buscar la solución en el ámbito educativo y familiar.
Este lunes, el PP ha anunciado que en septiembre pedirá en el
Parlamento una reforma de la
Ley del Menor para "proteger a las víctimas más vulnerables" y para "acotar la impunidad", ya que considera que se debería poder imputar a los menores de 14 años.
Extracto de la Ley del Menor:2. Cuando el hecho sea constitutivo de alguno de los delitos tipificados en los artículos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del Código Penal, o de cualquier otro delito que tenga señalada en dicho Código o en las leyes penales especiales pena de prisión igual o superior a quince años, el Juez deberá imponer las medidas siguientes:
- si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere catorce o quince años de edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años de duración, complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada de hasta tres años.
- si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere dieciséis o diecisiete años de edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años de duración, complementada en su caso por otra de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta cinco años. En este supuesto sólo podrá hacerse uso de las facultades de modificación, suspensión o sustitución de la medida impuesta a las que se refieren los artículos 13, 40 y 51.1 de esta Ley Orgánica, cuando haya transcurrido al menos, la mitad de la duración de la medida de internamiento impuesta.En el sector judicial, las asociaciones de jueces se encuentran divididas al plantear unas el endurecimiento de la Ley y abogar otras por medidas alternativas. La
Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha señalado que la solución no se encuentra en un cambio de las leyes, sino en una mejora de la educación.
Jueces Para la Democracia (JpD) ha resaltado que una reforma de la Ley del Menor no debería hacerse nunca "al socaire de asuntos luctuosos, o simplemente mediáticos". Por su parte,
Miguel Ángel Gimeno, portavoz de Jueces Para la Democracia (JpD) ha resaltado que una reforma de la Ley del Menor no debería hacerse nunca "al socaire de asuntos luctuosos, o simplemente mediáticos", sin saber qué consecuencias educativas tendría acortar la edad penal.
Familiares prestan declaración en Huelva. Efe
Por el contrario, el
Foro Judicial Independiente (FJI) se ha mostrado partidario de una modificación de la ley "que distinga entre delitos menores y delitos graves como el asesinato o la violación". También es favorable a una reforma de este tipo la
Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), que no ve ningún problema en rebajar la edad de imputabilidad de los 14 a los 13 años, "ya que la diferencia de madurez del menor entre esas edades no es relevante", aunque muestra su recelo en el caso de menores de 13 años.
El ministro de Educación,
Ángel Gabilondo, ha dicho que todos debemos reflexionar sobre qué ocurre en una sociedad donde los menores tienen los valores "tan dislocados" como para cometer tales "atropellos". La educación, ha proseguido, es "corresponsabilidad" de toda la sociedad, incluyendo las familias, los colegios, los medios de comunicación y aquellos que ostentan el poder político.
A su vez, la consejera de Justicia de Cataluña,
Montserrat Tura, ha rechazado reformar la Ley del Menor para rebajar la edad penal, al tiempo que ha apelado a la "responsabilidad" de las familias para evitar que sus hijos adolescentes delincan. El psicólogo y doctor en Ciencias de la Educación de la
Universidad de Navarra Gerardo Aguado considera que la educación cumple un papel "muy importante" en los jóvenes que muestran conductas agresivas o sexualmente agresivas. En la mayoría de los casos, ha precisado, son adolescentes que nunca se han privado de nada y, por lo tanto, "no tienen límites". "No son adolescentes de familias desestructuradas, sino niños que no han tenido límites y que están enormemente insensibilizados ante la
violencia", ha explicado.
La pasada semana fueron detenidos siete menores por la supuesta violación de una niña de 13 años en la localidad andaluza de
Isla Cristina (Huelva), pero dos de ellos no tienen responsabilidad penal por tener menos de 14 años. Tres de ellos han sido trasladados esta mañana a la
Fiscalía de Menores de Huelva para prestar declaración. Además, la semana anterior, seis jóvenes, cinco de ellos menores, fueron detenidos como sospechosos de violar a otra menor de 13 años en otra localidad andaluza,
Baena (Córdoba).
Germana Artiel, madre de la niña supuestamente violada en
Isla Cristina, ha vuelto a reclamar hoy Justicia para su hija y ha asegurado que los presuntos autores "la amenazaron en todo momento". Artiel ha pedido que los siete menores implicados sean juzgados, incluso hasta los que tienen
menos de 13 años porque "todos han estado en el mismo sitio y son todos iguales".