Alejandro Muñoz-Alonso | Lunes 27 de julio de 2009
El contencioso de Gibraltar que enfrenta a España y al Reino Unido lleva coleando trescientos años y nada nos autoriza a pensar que tendrá una solución próxima. Las razones de España son sólidas y no se limitan al lejano Tratado de Utrecht sino a las resoluciones del “Comité de los 24” de Naciones Unidas que, desde 1963 (va a hacer pronto medio siglo) estableció que la Roca era un territorio colonial, que debía ser descolonizado y que los habitantes del territorio carecían de cualquier atisbo de derecho de autodeterminación, ya que eran una población de aluvión formada en torno a una base militar. De acuerdo, además, con el viejo Tratado, si en cualquier momento Londres renunciase a la soberanía sobre ese territorio, sólo España estaría legitimada para asumirla. Pero el Reino Unido, en estrecha connivencia con la población gibraltareña, ha hecho caso omiso de las resoluciones de Naciones Unidas, así como de los reiterados compromisos bilaterales con España, que la obligaban a poner encima de la mesa la cuestión de la soberanía. Hace años Londres se sacó de la manga un concepto, sin ningún valor jurídico, los “deseos” de los gibraltareños, y eso sí que es una roca inaccesible porque, los “llanitos” convertidos en paraíso fiscal y en refugio de contrabandistas viven en el mejor de los mundos, disfrutando de España pero escapando a sus leyes. Todo ello por no hablar de los viejos abusos (la sangrante cuestión del istmo, ahora pista de aeropuerto) o de los más modernos, como esa pretensión de los gibraltareños de reclamar unas aguas territoriales a las que no tienen ningún derecho.
Ante esta situación tan espinosa e insoluble todos los Gobiernos españoles han mantenido la reivindicación de nuestra soberanía, protestando, por ejemplo, cuando personajes de la realeza británica visitaban la Roca o cuando se producían cualquier otro tipo de intromisiones, como la presencia de submarinos nucleares. Todos los Gobiernos, hasta que han llegado Zapatero y su secuaz (en el estricto sentido etimológico) Moratinos. En aplicación de los principios que rigen toda su política exterior –buenismo, apaciguamiento y rendición- se dio un increíble e insólito primer paso al convertir en trilateral un conflicto que, durante tres siglos, había siso bilateral entre dos gobiernos soberanos. La “trilaterización” atribuye a las autoridades locales del Peñón una personalidad internacional que hasta ahora no habían tenido ni podían tener, lo que indirectamente, supone, a medio `plazo, un reconocimiento de un eventual derecho de autodeterminación, en plena cuesta abajo hacia la rendición definitiva. Sugerida ya por algunos de los consejeros internacionales más escuchados en La Moncloa y extensible a Ceuta y Melilla. Mientras tanto, y como una fórmula de estilo vacía de contenido, Moratinos repite eso de que España no renuncia a sus reivindicaciones. Pero ya no se lo cree ni él. Sublime hipocresía porque lo que niega con las palabras lo afirma con los hechos.
Toda esta sumisa y entreguista política exterior se ha visto coronada y simbolizada con la claudicante y sorprendente visita de Moratinos a la Roca. Todo un record Guinness porque, como ha dicho Rajoy, Moratinos es el primer ministro de Exteriores que hace un visita oficial a su propio país. Por cierto, que Caruana y compañía no tuvieron ni el detalle de recibirle con una bandera española, como exigiría el más modesto protocolo. Algunas cancillerías especulan si nos hallaremos ante el primer paso para atribuir a Gibraltar soberanía plena. ¡Vaya papelón el del supuesto jefe de la diplomacia española! ¿Cómo es posible que el Gobierno que no hace tantas semanas protestaba por la presencia en el Peñón de la princesa Ana, envíe ahora a su ministro de Exteriores?
El pretexto ha sido otro de los mantras que este Gobierno maneja continuamente cuando se ocupa de política exterior, la cooperación, que por algo es el segundo nombre del ministerio que dirige Moratinos. La cooperación es una noble actividad cuando se hace como es debido, pero en su nombre se cometen no pocos desafueros, recordemos, por ejemplo, el pago de la famosa cúpula de Barceló. En la cuestión de Gibraltar se dice que hay que cooperar con los vecinos del otro lado de la verja. Y eso tampoco lo niega nadie, si se guardan los límites debidos. Pero esa cooperación se hace entre autoridades locales y no pinta nada un ministro de Exteriores en ese ajo. Y en la hipótesis de que para hacer posible esa cooperación fuera necesario un instrumento jurídico internacional se trataría de algo que sólo pueden resolver, exclusivamente, Madrid y Londres, sin que Caruana tenga voz ni voto, salvo si los británicos lo incluyeran como parte de su delegación, pero sin voz propia en lo que no es ni puede ser más que una cuestión bilateral hispano-británica. Pero todo esto se ha venido abajo desde que en 2004 el Gobierno de Zapatero accedió a crear el Foro Trilateral, en una excelsa muestra del buenismo que guía la acción exterior de su Gobierno. Zapatero está dispuesto a dialogar con todos y a ceder ante todos. Salvo, según parece, ante los empresarios, a los que acaba de asignar el papel de malos de la película. Por no hablar de otros cordones sanitarios a los que es tan aficionado.
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