Caso Gürtel
Miércoles 29 de julio de 2009
El Tribunal Supremo ha atendido con rapidez la petición de la Fiscalía General del Estado al elevar al Senado y al Congreso el suplicatorio contra los aforados del PP implicados Luis Barcenas y Jesús Merino. Esta decisión se produce tan sólo unas horas después de que Bárcenas haya presentado su dimisión de la cúpula popular.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este miércoles elevar al Senado y al Congreso los suplicatorios para seguir investigando al senador del PP Luis Bárcenas y al diputado de este partido Jesús Merino, imputados en el "caso Gürtel" por los delitos de cohecho y fraude fiscal.
La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó al instructor del "caso Gürtel" en el Alto Tribunal, Francisco Monterde, que eleve suplicatorio al Senado y al Congreso y pida autorización para proceder, "con todas sus consecuencias legales", contra los aforados del PP Luis Bárcenas y Jesús Merino.
Según informa en una nota la Fiscalía General del Estado, esta petición, que ya formuló el fiscal el pasado 10 de julio, se reitera ahora, después de la documentación aportada por la defensa del senador Luis Bárcenas en su comparecencia voluntaria, y ante la necesidad de practicar diligencias de investigación para esclarecer los hechos.
En el escrito remitido al magistrado con fecha de 28 de julio, la Fiscalía indica que dichas diligencias no pueden llevarse a cabo legalmente sin la concesión del mencionado suplicatorio.
Entre esas actuaciones la Fiscalía del Tribunal Supremo pide que se tome declaración a otros coimputados en el "caso Gürtel", que se soliciten las declaraciones de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de ambos aforados entre 2002 a 2007, así como los documentos originales de las fotocopias "sin autentificar" aportadas por la defensa de Bárcenas.
Asimismo, pide al magistrado que se requiera a diversas entidades bancarias la información relativa a movimientos de cuentas corrientes y depósitos bancarios de los que eran titulares ambos aforados del Partido Popular.
El fiscal considera que, sin la práctica de estas pruebas, no se puede realizar un pronunciamiento de fondo, fundado en derecho, sobre la calificación jurídica de los hechos investigados.
Habrá que esperar a septiembre
Las vacaciones parlamentarias retrasarán hasta septiembre la tramitación de los suplicatorios del diputado Jesús Merino y del senador Luis Bárcenas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
Aunque los suplicatorios de Merino y Bárcenas entrarán previsiblemente en los próximos días en los registros de ambas Cámaras, no será hasta septiembre cuando los presidentes del Congreso, José Bono, y el Senado, Javier Rojo, los califiquen y los remitan a las comisiones parlamentarias que deberán tramitarlos.
Las Cámaras escucharán a Bárcenas y Merino antes de votar sus suplicatorios
El senador Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino serán escuchados en audiencia antes de que los plenos del Senado y del Congreso voten sus suplicatorios, según se establece en los reglamentos de ambas Cámaras.
El proceso desde que se presenta un suplicatorio es similar en el Congreso y el Senado y, en ambos casos, se entiende que es denegado si la Cámara correspondiente no se hubiera pronunciado en el plazo de 60 días naturales, computados dentro del período ordinario de sesiones desde el día siguiente de recibir el escrito judicial.
La única peculiaridad que diferenciaba a ambas Cámaras ya no existe: era el sistema de votación del Senado, en el que cada senador tenía que decantarse entre una bola negra -para pronunciarse a favor- y una blanca -en contra- escogidas de una bolsa opaca habilitada al efecto. Este método provocó numerosos problemas, pues en ocasiones se contabilizaron más bolas que senadores presentes, lo que obligaba a anular la votación. Por eso se sustituyó, en octubre de 2007, por la votación electrónica sin panel, procedimiento que también se utiliza en la Cámara Baja.
La Constitución establece que los diputados y senadores gozan de inviolabilidad en las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, y de inmunidad por la que no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Sólo pueden ser juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que debe solicitar un suplicatorio a tal fin.
En el Congreso, la Comisión del Estatuto del Diputado es la responsable de escuchar en audiencia al interesado y analizar la documentación que precise, para lo que dispone de un plazo de 30 días, mientras que en el Senado, esta tarea le corresponde a la Comisión de Suplicatorios.
Una vez recibido el escrito del Tribunal Supremo, el presidente del Congreso, previo acuerdo de la Mesa de la Cámara, dispone de cinco días para enviar la petición a la Comisión.
La Comisión del Estatuto del Diputado cuenta a su vez con un plazo máximo de 30 días para estudiar la petición y escuchar al interesado, que puede contestar oralmente o por escrito.
Una vez concluido el trabajo de la Comisión, el suplicatorio se se somete al primer pleno ordinario de la Cámara y, después de su votación, el presidente del Congreso tiene ocho días para comunicar el acuerdo de la Cámara al Tribunal Supremo.
El proceso es casi idéntico en el Senado, donde la Comisión de Suplicatorios dispone igualmente de treinta días para emitir un dictamen que pasará también al primer pleno ordinario.
Tanto en el Congreso como en el Senado, la votación tiene lugar a puerta cerrada y con carácter secreto, y puede venir precedida de debate.
Asimismo, los presidentes de ambas Cámaras disponen de ocho días para trasladar el acuerdo del pleno respectivo al Tribunal Supremo.
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