Los imputados por espionaje niegan seguimientos

Los tres ex guardias civiles y asesores eventuales de Seguridad de la Consejería de Interior José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro Vinagre salieron del juzgado de Plaza Castilla negando los presuntos seguimientos al ex consejero Alfredo Prada o haber seguido órdenes de cargos políticos para llevarlos a cabo y sin la interposición de fianza o de otras medidas cautelares por parte de la jueza del Juzgado de Instrucción número 5.



Los imputados por el presunto espionaje en Madrid salieron del juzgado sin fianza y tras negar seguimientos a cargos políticos. Así lo explicó a los periodistas el abogado de los tres imputados, Enrique Molina, que sostuvo que los asesores declararon que se limitaron a llevar a cabo su labor de control y supervisión de edificios y la relacionada con la seguridad de algunos cargos públicos de la Comunidad de Madrid, concretamente los relativos a la Presidencia, Vicepresidencia y determinadas consejerías.

Una de las preguntas que le hizo a los imputados durante la declaración es si recibían instrucciones de alguna persona con responsabilidad política, a lo que los tres contestaron, siempre según Molina, que "nunca han recibido ninguna indicación o instrucción de nadie para realizar actos ajenos a su función". Las funciones 'legales' que realizaban (supervisión de edificios y seguridad de determinados cargos de la Comunidad) partían de las órdenes de su superior, el director general de Seguridad, Sergio Gamón.

No reconocen la autoría de los partes
El letrado sostuvo tras la declaración de los imputados, que se prolongó durante más de dos horas, que con ella se ha demostrado que el informe policial sobre la localización de los teléfonos móviles, que venía a corroborar la existencia de los supuestos espionajes, está "plagado de lagunas". "Nunca se ha hecho ningún seguimiento, nunca se ha hecho una vigilancia con fines de mirar cuáles son las costumbres íntimas de estas personas y no se reconoce ni la autoría de los papeles y de los partes que se han publicado en prensa en los últimos días", aseveró el letrado.

Molina argumentó que esos partes "no se corresponden con la redacción propia de un funcionario que se ha educado en los parámetros que impone la Guardia Civil porque no son en absoluto profesionales y, por lo tanto, no los habría hecho ninguna de estas personas". Manifestó además que el contenido de los partes queda desmontado "a través de otras pruebas que justifican que las personas que dicen que han sido objeto de seguimiento no estaban en esos lugares ni en las fechas indicadas ya que, incluso, se encontraban fuera de España".

"No reconocen la autoría (de los partes), no hay seguimiento ni participación en la elaboración de los documentos", subrayó el abogado. En todo caso, la jueza ha establecido que los tres ex agentes pasen por una prueba caligráfica para determinar si su letra coincide con las anotaciones manuscritas que aparecen en dichos partes.

El abogado adelantó que esta iniciativa resultará negativa, como ya pasó con la realizada a instancias de parte de los imputados. "El resultado pericial fue negativo pero si el juzgado estima que hay que hacerlo (se hará) con toda tranquilidad", añadió. Ahora será un organismo oficial el que emita el informe, que podría llegar al juzgado en septiembre u octubre.