Jueves 06 de agosto de 2009
La intervención en Caja Castilla-La Mancha por el Banco de España ha puesto parte de la baraja boca arriba. Las cajas de ahorro, que son nada menos que la mitad del sistema financiero español, están aquejadas, en su conjunto, de problemas que van más allá de los derivados de la crisis financiera. Están todos ellos identificados precisa y abundantemente por el Banco de España y por otras instituciones y analistas profesionales.
La expresión “caja de ahorros” se ha referido a realidades muy diferentes a lo largo de la historia. La última gran reforma de la institución las ha convertido en negocios puramente bancarios, con algunas diferencias que pueden parecer menores, pero que resultan muy condicionantes. Por un lado no tienen accionistas pendientes de los resultados, por lo que no están sometidas al control, incentivado y distribuido, de los propietarios. En otras palabras, tienen un problema de clarificación de derechos de propiedad. Y, por otro, su gestión está sujeta al control político, lo que en algunas entidades ha llevado a imponer consideraciones extraeconómicas en la gestión, una característica visible en las entidades más pequeñas, aunque no en todas.
Así las cosas, muchas cajas de ahorros han funcionado, en parte, como bancas públicas regionales. El aliento de la política ha llevado, en demasiados casos, a favorecer la concesión de créditos a empresas con criterios locales, obviando las reservas económicas que debiera tener un gestor probo y profesional. No hay que recurrir a los favoritismos para explicar que algunas inversiones han resultado ruinosas; un malentendido interés por favorecer la propia región es más que suficiente.
Ahora las cajas de ahorro se miran unas a otras buscando alianzas que les permitan diluir los activos más inseguros y obtener las dimensiones adecuadas para sortear la crisis. Además, es la oportunidad ideal para racionalizar la gestión. Las fusiones están alentadas por el Banco de España y por el Gobierno. Pero, con raras excepciones, las que se están planteando no salen del ámbito de la propia comunidad autónoma, en contra de la expresa recomendación del órgano regulador. En consecuencia, en lugar de diluir el peso de la política en la gestión, el camino que están tomando es, precisamente, reforzarlo. De confirmarse, el futuro panorama de las cajas de ahorro no sólo no evitará uno de sus actuales problemas, sino que profundizará en él. Son demasiado fuertes las resistencias de las camarillas políticas locales, dicho sea para todos los partidos con poder regional. Por eso, resulta esencial un acuerdo político al máximo nivel, para que se imponga la racionalidad y el bien común frente a los pequeños, pero poderosos, intereses parciales. Unos intereses políticos, conviene tenerlo claro, que terminarán por discurrir de manera perjudicial a los intereses de la mayoría de los ciudadanos a quienes dicen servir.
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