Viernes 07 de agosto de 2009
Este jueves 6 de agosto el etarra Juan Manuel Inciarte Gallardo fue detenido en el aeropuerto Barajas, al llegar procedente de México. Inciarte, miembro que fue del “Comando Vizcaya”, estaba reclamado por la Audiencia Nacional por cargos de seis asesinatos y, desde 1991, tenía orden de búsqueda y captura.
Al parecer, en 1986, Juan Manuel Inciarte huyó a Nicaragua donde vivió con una identidad falsa. Pero en 1993 abandonó ese país centroamericano después del traslado de tres etarras a España. Según las autoridades, se cree que llegó a México en 1996 donde vivió hasta hace un par de días. Gracias a una denuncia anónima que avisó a las autoridades mexicanas sobre la presencia de un ciudadano español en situación irregular, se obtuvo la confirmación de su identidad verdadera a través de la Policía Nacional española. El presunto etarra fue detenido por las autoridades mexicanas las cuales decidieron la expulsión de éste, aplicando el artículo 33 de la Constitución Mexicana, el cual menciona que el ejecutivo tiene la facultad de hacer abandonar territorio nacional a todo extranjero cuya presencia juzgue inconveniente.
La expulsión de este delincuente es un reflejo de la cooperación entre los gobiernos de España y México. Cuando existe una buena relación bilateral es posible encontrar formas expeditas y más sencillas para obtener resultados positivos. En el caso de México, dada su legislación en materia migratoria, en ocasiones se opta por la expulsión de un extranjero sobre el que exista una orden de detención, en vez de iniciar un complejo y costoso proceso de extradición. Sin embargo, esto sólo es posible en casos concretos y cuando existe buena comunicación entre México y el país que requiere al presunto criminal.
Sin embargo, la situación puede ser muy diferente cuando una de las dos partes decide no cooperar. Un ejemplo opuesto al caso de Inciarte, es la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de no extraditar al etarra Ignacio Echeverría, por considerar que el delito que se le imputa ha prescrito. La decisión judicial se basa en un punto del Tratado de Extradición entre España y Venezuela, el cual dice que no se otorgará la extradición cuando el delito haya prescrito en la legislación de uno de los dos países, como ocurre en este caso por parte de la ley venezolana. Sería conveniente revisar algunos tratados en materia de cooperación judicial, con el fin de obtener los resultados esperados, pero lo es también tratar de mejorar las relaciones y la comunicación entre los órganos judiciales y de seguridad entre los países, y evitar así que delincuentes peligrosos escapen de la justicia.
En todo caso –e independientemente del fondo jurídico del caso- la Venezuela de Chávez ha dado múltiples pruebas de prestarse a hacer de santuario de ETA, lo cual está en su línea de apoyo, más o menos disimulado, a grupos terroristas. Una vez más, la política Moratinos-Zapatero, de permisividad y apoyo al autoritarismo populista de determinados países de la región –la mayor amenaza que se cierne hoy sobre la democracia en América- ha quedado cuestionada por los hechos.
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