El PP acusa al Gobierno de "pinchar" los teléfonos de Trillo y De Cospedal

El Partido Popular cree que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y el responsable de Justicia, Federico Trillo y el presidente valenciano, Francisco Camps, pueden ser algunos de los mandatarios del partido con los teléfonos "pinchados". Mientras, los sindicatos policiales SUP, CEP y SPP han negado la participación de cualquiera de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en escuchas telefónicas ilegales porque estas intervenciones deben contar con la autorización de un juez.

El Partido Popular cree que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y el responsable de Justicia, Federico Trillo, pueden ser algunos de los dirigentes de la organización con los teléfonos "pinchados". Fuentes del PP han informado de que ambos han podido ser escuchados por la Policía en las últimas fechas, especialmente desde que se destapara el "caso Gürtel".

Las mismas fuentes señalan que el presidente valenciano, Francisco Camps, pudiera ser otro de los máximos mandatarios del partido con el teléfono móvil intervenido. Si bien las fuentes citadas no aclaran qué pruebas les llevan a considerar que De Cospedal puede ser objeto de escuchas ilegales, aunque aseguran que está "comprobado", sí se muestran más precisos para argumentar que Trillo tiene el teléfono "pinchado".

Se remiten las fuentes a las informaciones que algunos medios de comunicación publicaron el pasado fin de semana, según las cuales Trillo habría presionado al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Juan Montero para asegurarse de que el auto, el que al final archivó la causa contra el presidente autonómico, Francisco Camps, no resultara perjudicial para el mandatario popular. Pero las conversaciones que tuvo Trillo, de acuerdo con la versión de las fuentes citadas, no fueron con el juez Montero del alto tribunal valenciano, sino con el abogado Montero que "lleva los pleitos" del Partido Popular en Madrid, por ejemplo, el "caso Gürtel". Además, apuntan, Juan Montero fue el magistrado que discrepó del auto que sobreseyó la causa contra Camps, y así lo corroboró con un voto particular.

En lo que concierne al presidente de la Generalitat Valenciana, las fuentes recalcan que el pasado 5 de marzo, el mismo día que el juez Baltasar Garzón remitió la investigación del "Gürtel" a las instancias judiciales autonómicas, un miembro de la Unidad de Delitos Económicas y Fiscales (UDEF) de la Policía se puso en contacto telefónico con Camps para informarle del propósito del magistrado. Trillo relató este episodio a los periodistas horas después de presentar en Madrid una denuncia para que se investigue el origen de las filtraciones de partes del "caso Gürtel". De acuerdo con la versión del responsable de Justicia del PP, el mandatario valenciano pidió a esa persona que le llamó que se identificara, y así lo inquirió varias veces, pero el supuesto integrante de la UDEF no lo hizo.

La secretaria general del PP, una de los dirigentes supuestamente "espiados", como afirman las fuentes, adelantó ayer a Efe que al PP le consta que se están produciendo "escuchas ilegales" a personas que no figuran en los sumarios de procesos judiciales en curso y a altos dirigentes de la formación.

"Mayordomo total del Gobierno"
El grupo parlamentario del PP en el Congreso quiere que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acuda a la Cámara a presentar y explicar un informe con los resultados de los procesos emprendidos contra cargos populares y con los de los iniciados contra cargos socialistas.

José Luis Ayllón ha informado de esta solicitud de comparecencia de su grupo, que tiene intención de conocer con precisión qué consecuencias contra integrantes de uno y otro partido han arrojado los procesos judiciales conocidos en las últimas fechas.

La comparecencia de Conde-Pumpido puede celebrarse en septiembre, según ha recalcado Ayllón a Efe.

El objetivo de tal iniciativa consiste en cotejar la repercusión de aquellos casos contra cargos del PP que "quedan en nada" con la de aquellos contra integrantes del PSOE, de los que "no se hace ninguna clase de aspaviento público".

Si Conde-Pumpido no acude al Congreso, el PP pedirá la del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y si esta última, según las palabras de Ayllón, no se produce tampoco, los populares podrían incluso solicitar la del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Para el número dos del grupo del PP en la Cámara Baja, el fiscal general del Estado está actuando más "como mayordomo total" del Gobierno que como fiscal, "claramente a las órdenes de lo que le dice la vicepresidenta -María Teresa Fernández de la Vega- desde miles de kilómetros de distancia".

Los sindicatos policiales niegan que los agentes hagan escuchas ilegales
Los sindicatos policiales SUP, CEP y SPP han negado este viernes la participación de cualquiera de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en escuchas telefónicas ilegales porque este tipo de intervenciones deben contar siempre con la autorización de un juez para evitar la vulneración de derechos fundamentales.

Así han respondido los portavoces de estos tres sindicatos a la denuncia de escuchas ilegales a dirigentes del PP que hizo ayer la secretaria general de ese partido María Dolores de Cospedal en una entrevista con EFE, y a la que han invitado a poner este asunto en conocimiento de los tribunales ante la gravedad de sus acusaciones.

El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, no descarta sin embargo que Cospedal se esté refiriendo a "los nuevos elementos tecnológicos de los que disponen los Cuerpos de Seguridad -Policía, Guardia Civil o CNI- que les permiten interceptar y escuchar las conversaciones que se emiten desde los teléfonos móviles sin dejar ningún rastro".

"Es verdad que eso pasa, que hay una falta absoluta de control y nosotros apoyaremos que eso se regule" ha añadido Sánchez Fornet en declaraciones a EFE, al animar a la dirigente del PP a denunciar ante los tribunales esas escuchas porque "si lo hace, nosotros lo apoyaremos".

Zapatero acusa al PP de irresponsable por denunciar las escuchas ilegales
El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de vacaciones en Tenerife, ha reclamado a los dirigentes del PP que tengan "sentido de la responsabilidad a la hora de hacer determinadas valoraciones" porque en España, ha afirmado, "afortunadamente tenemos una justicia que funciona conforme a los criterios del Estado de derecho". El Presidente ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa antes de comenzar la reunión de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista de Canarias.

Zapatero no ha querido hacer más comentarios sobre la entrevista que este jueves concedió a Efe la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien denunció escuchas telefónicas ilegales a personas que "no tienen nada que ver con los sumarios" sobre corrupción y a destacados dirigentes nacionales del partido. Se ha limitado a pedir "sentido de la responsabilidad" y ha insistido en el funcionamiento "adecuado" de todas las instituciones del país, según las reglas del Estado de derecho. "Deseo quedarme ahí", ha concluido sin entrar a analizar las palabras de De Cospedal.

Preguntado sobre si se ha puesto en contacto con Mariano Rajoy, tras escuchar la entrevista, Zapatero ha señalado que no; el líder del PP se encuentra de vacaciones y él, ha dicho, respeta su descanso. Además, Zapatero ha anunciado que el próximo Congreso de Ministros, previsto para el día 9 de octubre, se celebrará en Canarias y abordará temas como la lucha contra el desempleo, el apoyo al turismo insular y una "estrategia integral específica para Canarias que ponga un rumbo de largo plazo a su economía", entre otros.