Los jueces, bajo presión

En apenas una semana, dos episodios seguidos de presión sobre los jueces han encendido las alarmas en sectores políticos de la Oposición.
Primero, las advertencias concatenadas entre los nacionalistas catalanes, la Generalitat y dos ministros del Gobierno de Zapatero al Tribunal Constitucional sobre las consecuencias negativas para la “estabilidad” de un fallo negativo al Estatuto de Cataluña.

Y, a renglón seguido, el acoso al Tribunal Supremo en la causa abierta por presunta prevaricación contra el juez Garzón, que ha sido apoyado abiertamente por asociaciones de jueces internacionales y también por miembros del equipo ministerial de Zapatero, además de por los medios informativos afines a los socialistas.

En ambos asuntos coincide un factor: que quienes acosan a las instancias judiciales no lo hacen esgrimiendo razones jurídicas, sino políticas. En el caso del Estatuto, “porque ya ha sido apoyado por el pueblo” o “porque crearía un conflicto institucional”, sin contar con las amenazas gruesas de algunos nacionalistas de “lanzarse a la calle”.

Y, en el caso de Garzón, con el argumento de que la querella procede de la denuncia de un “sindicato ultra” y que es por el empeño del juez de “investigar los crímenes del franquismo”.

La realidad es que el TC tiene que dilucidar si el Estatuto se atiene o no a la Constitución, y no si conviene o no a los intereses de algunos políticos. Y el Supremo debe valorar si el juez Garzón prevaricó al emprender su instrucción sobre el franquismo a sabiendas de que no era competente, como él mismo argumentó cuando decidió archivar la querella sobre los crímenes republicanos en Paracuellos (Madrid) en el año 2000.

Para las fuentes consultadas por El Imparcial, la generalización de las medidas de presión contra los jueces constituyen un verdadero peligro para la democracia. Y, especialmente, si las presiones proceden del Poder Ejecutivo.