Castilla y León presentará un recurso para impugnar el cierre de Garoña

La Junta de Castilla y León acordó este jueves, en la reunión del Consejo de Gobierno, presentar un recurso ante la Audiencia Nacional para impugnar ante los tribunales la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 3 de julio por la que se acuerda el día 6 de julio de 2013 como fecha de cese definitivo de la explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).


Tras recordar que el plazo para presentar el recurso finaliza el próximo 6 de octubre, el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, informó de que el recurso de la Junta se basará en "deficiencias formales" y en el "grave perjuicio" que se deriva de la decisión gubernamental, fundamentalmente desde un punto de vista económico, para los intereses generales de la Comunidad.

De Santiago-Juárez explicó que el Ejecutivo autonómico no comparte "en modo alguno" el contenido de dicha decisión del Gobierno al entender que supone un "duro golpe" para el conjunto de la Comunidad y, en especial, para la comarca del Ebro burgalés.

Del mismo modo, continuó el portavoz, el Gobierno de Castilla y León cree que se trata de un cierre "absolutamente arbitrario, injustificado e injustificable" de una actividad empresarial "rentable" en términos económicos y "segura", tal y como ha dictaminado, recordó, el Consejo de Seguridad Nuclear. También recordó que la central nuclear de Santa María de Garoña da ocupación directa a más de mil trabajadores en la comarca burgalesa.

De Santiago-Juárez aseguró que la Junta de Castilla y León se ha considerado "absolutamente menospreciada" y "ninguneada" por parte del Gobierno de la nación en todo este proceso, "toda vez que, sin perjuicio de la competencia estatal en este ámbito, la normativa prevé la participación inexcusable de las comunidades afectadas en varios momentos del proceso que conduce a este tipo de decisiones".

El portavoz insistió en que en el caso de Santa María de Garoña, la Junta entiende que el Gobierno central ha tramitado el proceso con "graves defectos", sin contar con las administraciones interesadas, como la Comunidad o el Ayuntamiento del que depende la central. A su juicio, llama la atención el hecho de que "ni siquiera se llevó a cabo un trámite de audiencia a ninguno de ellos con posterioridad al informe del Consejo de Seguridad Nuclear".

Por este motivo, explicó que esas deficiencias formales serán otro de los argumentos a emplear por parte de los letrados de la Administración autonómica en el proceso legal que ahora se inicia.